Costa Rica es un país de destino para la trata de personas con fines laborales, señaló un estudio difundido hoy por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio de Trabajo costarricense.

La investigación, que analizó la situación de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, se centra en el tráfico de personas con fines laborales, ya que tradicionalmente este tema se aborda desde la problemática de la explotación sexual de las víctimas.

El estudio detalla que la trata de personas con fines de explotación laboral se refiere a aquellas situaciones en las cuales las personas afectadas son obligadas a trabajar en contra de su voluntad, son coaccionadas por sus patronos o empleadores y no son libres para dejar ese trabajo.

De esta forma, las víctimas son reclutadas mediante engaño o por la fuerza, y deben prestar sus servicios bajo amenaza de castigo.

Se estima que unas 20,9 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso, las cuales pueden ser personas del propio país en el que se da la situación, o migrantes.

"Ya en el Informe Mundial de la OIM sobre Migración 2008 se indicaba que las fuerzas de la globalización aumentan la presión para una mayor migración laboral, mientras que los sistemas de gestión de la migración y de trabajo no se ajustan en consecuencia, y una seria disociación se está creando entre las políticas y realidades", comentó el jefe de la OIM en Costa Rica, Luis Carlos Esquivel.

"La aparición de nuevos mercados de trabajo y nuevas oportunidades de empleo en todo el mundo, tanto para los trabajadores migrantes no calificados como para los calificados, no ha ido acompañada de la evolución de la migración humana ordenada y segura, así como de una legislación laboral adecuada para facilitar la demanda de mano de obra", agregó Esquivel.

En el caso de Costa Rica, el informe determinó que el país es destino de víctimas de trata laboral en sectores como la pesca internacional y el trabajo doméstico.

Además, se identificaron vulnerabilidades del país en otros sectores de la actividad económica como la construcción y la agricultura para exportación, que se sostienen principalmente por el trabajo de la población migrante, que por su condición muchas veces no es protegida por las leyes.

A esto se suman las poblaciones indígenas como población vulnerable.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Seguridad Social costarricense, Sandra Piszk, agradeció al equipo de OIM "por habernos convocado hoy aquí para conocer los resultados del informe, que nos permitirá identificar los sectores económicos y productivos más vulnerables para este flagelo de la trata con fines de explotación laboral".

Según datos de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, el año anterior se detectaron 72 casos de trata de extranjeros, mientras que para este año ya se han encontrado 82 personas en esta condición. Fi