El gobierno cubano, que busca revitalizar la producción agropecuaria, aprobó un paquete de medidas para darle mayor autonomía a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), un tipo de cooperativas muy extendido en la isla.

Las 17 medidas, aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros, benefician el funcionamiento de las UBPC, cuyo carácter no estatal también fue ratificado por el gobierno.

Esas entidades agrícolas nacieron en 1993, cuando la crisis económica se hacía sentir con más fuerza en Cuba y el gobierno hacía esfuerzos urgentes por elevar los niveles de producción de alimentos para garantizar la supervivencia de la población.

Sin embargo, esas nuevas formas de gestión, en las que el Estado puso la tierra en usufructo para que un grupo de personas constituyera una unidad productiva, nacieron con una autonomía formal, pues las empresas estatales les imponían planes, estructuras y hasta dirigentes.

Vistas como subordinadas de las empresas estatales agrícolas y no como cooperativas, durante casi 20 años las UBPC estuvieron atadas de pies y manos y ni siquiera podían firmar contratos con otras entidades estatales, lo que frenó su desarrollo productivo y generó deudas bancarias y empresariales.

Esas unidades llegaron a ser la principal forma de cooperativa del país, con más de 2.500 constituidas en 1994 y poseedoras de casi la tercera parte del área cultivable, pero actualmente tienen el mayor nivel de tierras ociosas con más del 20 por ciento.

Como parte del reordenamiento del sistema agropecuario, ahora entró en vigor un nuevo Reglamento General, que se implantará de manera gradual en busca de un mejor aprovechamiento del uso de la tierra y un aumento de la productividad, además de poner en similares condiciones a toda la base productiva.

De acuerdo con lo estipulado, las UBPC tendrán mayor autonomía y el control será ejercido sólo por los órganos con esas facultades, mientras que las empresas estatales a las que están vinculadas únicamente fiscalizarán las normas técnicas en la producción contratada.

Los contratos con las empresas estatales, en igualdad de condiciones y no como subordinadas, serán desde ahora la base del trabajo de las UBPC, cuyo futuro apunta a una gestión y un funcionamiento similar al de las cooperativas.

De acuerdo con su capacidad financiera, las UBPC podrán adquirir en la red comercial, en cheque o en efectivo, los insumos que necesiten e incluso materiales de la construcción, pero a precios sin subsidio.

Las nuevas normativas establecen la disolución o fusión de aquellas unidades que no sean rentables, como debe ocurrir con unas 300 de las 1990 que hay en el país, y cuyas tierras, que son patrimonio estatal, serán destinadas a fortalecer otras unidades o entidades del Ministerio de la Agricultura o serán entregadas en usufructo a particulares bajo el Decreto Ley 259.

El Estado destinó este año 116 millones de pesos (igual en dólares al cambio oficial) para el subsidio de las pérdidas de las UBPC, que tienen un alto nivel de endeudamiento bancario y empresarial.

Sin embargo, a partir del próximo año, el presupuesto nacional dejará de financiar a esas entidades agrícolas, con excepción de aquellos casos que sean de interés estatal.

La idea fundamental es que las UBPC no pueden ser una carga para el Estado y que puedan autofinanciarse, por lo que el 5 por ciento de sus impuestos sobre las utilidades brutas se destinará a saldar deudas bancarias y empresariales.

Como excepción, a un grupo de UBPC se les condonará una deuda fiscal por poco más de siete millones de pesos (dólares). Fi