El gobierno de Bolivia presentó hoy al Poder Legislativo un proyecto de ley para endurecer las sanciones en casos de delitos de corrupción pública, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y contrabando, con la incautación de bienes injustificados.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó en conferencia de prensa, que el Gabinete de Ministros aprobó este miércoles el anteproyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, para que sea considerado en la Asamblea Legislativa.

"Con este anteproyecto de ley se adopta una media drástica en el orden jurídico y procedimental administrativo para castigar esos cuatro tipos de delitos, que se constituyen como un cáncer que lesiona el interés colectivo y dañan el patrimonio público", dijo la autoridad gubernamental.

Romero explicó que esta medida legal se constituye en un proceso administrativo, pues al ser independiente a la acción penal, garantiza el debido proceso que sigue su curso en la vía jurisdiccional con relación al imputado.

Según el ministro, es una acción que respeta la presunción de inocencia, por eso se le otorga un plazo a la persona para que pueda presentar los descargos, o acreditar la licitud del origen de los bienes, y respeta la propiedad privada.

"Porque en caso de acreditarse debidamente el derecho de propiedad privada sobre un bien inmueble, o bien mueble, es decir sobre el objeto sobre el que pesa una acusación, entonces no se aplica la acción, pero en caso de no poderse demostrar la licitud de la obtención de esos bienes, ahí si se aplica la acción de extinción de dominio", sostuvo.

Para Romero, esta iniciativa busca aplicar un procedimiento administrativo "muy acelerado", que distingue dos tipos de situaciones; la primera, en los casos flagrancia referente a esas cuatro figuras delictivas, por lo que se otorga un plazo de 48 horas para que la persona acusada pueda demostrar la legalidad de sus bienes.

En caso de no existir flagrancia, explicó la autoridad, se otorgará un plazo de cinco días, en los que la Procuraduría General del Estado ejercerá competencia para aplicar el procedimiento correspondiente, dada su naturaleza constitucional de constituirse en una entidad que defiende el interés público, particularmente el patrimonio del Estado.

El presidente boliviano Evo Morales reconoció el 6 de agosto pasado, en su informe al Legislativo por la celebración de la Independencia del país hace 187 años, que su país padece las "debilidades" de la corrupción y el narcotráfico, pero subrayó que su gobierno las enfrenta con varias acciones.

El gobernante lamentó los casos descubiertos de funcionarios corruptos en un nivel inferior a los ministros, y sostuvo que recibirán un "castigo severo" y la justicia los enviará a prisión.

Se refirió a un caso hallado en la petrolera estatal YPFB, en el que varias personas encargadas de adjudicar contratos a compañías privadas fueron detenidas por supuesto enriquecimiento ilícito.

También dijo que, pese a las debilidades en la lucha contra el narcotráfico y a recibir menos ayuda internacional que Colombia, Bolivia obtiene resultados en el área y en la destrucción de los cultivos ilegales de coca. Fi