La mayoría de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidieron hoy condenar al ex presidente de la Cámara de Diputados, Joao Paulo Cunha, por los delitos de corrupción pasiva (recibir ventaja indebida) y peculado (desvío de recursos públicos).

La condena del diputado del Partido de los Trabajadores (PT) es la primera de un dirigente político en el caso del "mensalao", el esquema de compra de votos en el Congreso que provocó la mayor crisis política del gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2005.

Cunha fue acusado de recibir 50.000 reales (unos 25.000 dólares) cuando era presidente de la Cámara para beneficiar a una agencia de publicidad que fue acusada a su vez de ser responsable de la operación financiera para la distribución de dinero entre parlamentarios.

Además, los jueces condenaron al empresario de publicidad Marcos Valerio y a sus ex socios Ramón Hollerbach y Cristiano Paz por corrupción activa (pago de sobornos) y peculado.

Seis de los 11 ministros del STF votaron por la condena a Cunha y los empresarios, lo que es suficiente para que sean considerados formalmente culpables.

Con relación a una segunda acusación sobre desvío de dinero, la mayoría consideró que no había pruebas suficientes, lo que debe reducir la pena final que será aplicada a los reos, mientras que sobre el cargo de lavado de dinero, la Corte aún debe completar la votación.

Para los analistas, el juicio del "mensalao" iniciado hace dos semanas, es uno de los más relevantes en los 183 años de historia de la Suprema Corte, y resultará en decisiones que marcarán el futuro de la democracia brasileña.

El "mensalao" habría asegurado los votos faltantes a la base aliada al gobierno de Da Silva para la aprobación de algunos de los proyectos más importantes enviados al Congreso en sus dos primeros años de ejercicio, como la Reforma Previsional y la Reforma Tributaria.

El escándalo dañó seriamente la imagen del gobernista PT, que se había mostrado por más de dos décadas como el guardián de la ética en la política brasileña y defensor de la lucha contra la corrupción.

El STF debe juzgar a 38 acusados -entre dirigentes políticos, empresarios y empleados públicos- y tomar decisiones con base en un amplio proceso investigativo que resultó en más de 50.000 páginas de autos procesales y el testimonio de más de 600 testigos.

Los acusados -entre quienes destacan Cunha, el ex jefe de gabinete del gobierno petista, José Dirceu, y el ex presidente del PT, José Genoino- responden por los crímenes de corrupción activa, corrupción pasiva, evasión de divisas, asociación ilícita, gestión fraudulenta, lavado de dinero y peculado. Fi