La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) exigió hoy al gobierno del presidente Evo Morales la aprobación de medidas legales "urgentes", para penalizar los "avasallamientos (invasiones)" de predios.

"No queremos ser parte de futuras confrontaciones, para eso tenemos que trabajar en un decreto supremo que penalice los avasallamientos de las comunidades porque es algo social", dijo a periodistas el secretario ejecutivo de la FSTMB, Miguel Pérez.

Según el dirigente del sector minero sindicalizado, los conflictos mineros registrados en los últimos años mostraron un problema latente en el país debido a falta de políticas de regulen y sancionen las invasiones, en particular en yacimientos del Estado.

"Para nosotros es un tema social y profundo. Nosotros no seremos responsables si se produce una nueva confrontación, porque no podemos soportar más avasallamientos", advirtió.

El buen momento de la minería por los altos precios de las materias primas en el mercado internacional generó en los ocho últimos años al menos dos centenares de invasiones y tomas ilegales de yacimientos mineros por parte de campesinos e indígenas, según datos de los empresarios y gobierno.

Estas invasiones ilegales están provocando un grave perjuicio a la inversión privada nacional e internacional en el sector, además de afectar a la productividad y generación de divisas para el Estado, según presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), Saturnino Ramos.

La FSTMB exigió al gobierno una mayor presencia del Estado en las regiones mineras para preservar la propiedad privada y no afectar a las inversiones privadas nacionales e internacionales.

"El gobierno debe garantizar la seguridad jurídica y cuidar las inversiones", agregó Pérez.

De acuerdo a datos estadísticos de Canalmin, desde el 2004 a la fecha se dieron al menos 200 avasallamientos, la mayor parte de las tomas se produjeron en el gobierno del presidente Evo Morales (desde enero de 2006) que demostró una "debilidad" frente a las comunidades.

En tanto que el viceministerio de Cooperativas Mineras del gobierno boliviano detalló en un informe que en 2011 un total de 58 minas fueron tomadas por la fuerza.

De esta cantidad, más del 50 por ciento de las tomas fueron hechas por los campesinos e indígenas residentes en cercanías de los yacimientos.

Según los datos del Viceministerio, en 2010 hubo 45 tomas de yacimientos, cantidad que se duplicó en 2011, llegando a 58, que hace un total en dos años de 103 minas tomadas en los dos últimos años.

El dirigente de los mineros sindicalizados manifestó que el decreto supremo que penalice los avasallamientos, debe ir acompañado de políticas que otorguen alternativas de empleo al minero, a los cooperativistas y a la población, para que no incurran en ese delito. Fi