España deberá cumplir 32 condiciones para recibir ayuda de la Unión Europea (UE) hasta por 100.000 millones de euros (120.000 millones de dólares) con la finalidad de recapitalizar su sector bancario, según el Memorando de Entendimiento acordado hoy por sus socios europeos en Bruselas, Bélgica.

Entre esas condiciones la UE exige dar más poderes al Banco de España (BE), que además tendrá que llevar a cabo un ejercicio interno para detectar posibles deficiencias en su funcionamiento, lo cual implica quitar poder al Ministerio de Economía español.

En el Memorando de Entendimiento se plantea también que España debe poner en marcha las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) para reducir el déficit excesivo, así como impulsar "reformas estructurales" y una serie de recomendaciones como el aumento del IVA y la supresión de la deducción por compra de vivienda.

Al mismo tiempo, el Eurogrupo recordó a España que existe una estrecha relación entre los desequilibrios, las finanzas públicas y la solidez del sector financiero, ante lo cual vigilará de cerca y de manera regular el progreso que haga el Gobierno español a la hora de cumplir sus compromisos macroeconómicos.

España deberá comunicar semanalmente los datos de depósitos bancarios, de posición de liquidez y, además, cada tres meses informará sobre la exposición a la deuda pública.

España también está obligado a presentar, antes de diciembre, una nueva ley para reducir el papel de las cajas de ahorros como accionistas de bancos, a impedir el reparto de dividendos y exigir el cierre de sucursales y despidos a las entidades financieras que reciban ayuda del fondo de rescate.

El rescate al sistema financiero español conlleva a la creación de una institución fiscal independiente que supervise la política fiscal española.

En cuanto a las condiciones financieras, la UE impone una reforma de las cajas de ahorros con el fin de que dejen "eventualmente" de controlar bancos filiales e impone incompatibilidades entre los consejos de administración de las cajas y de sus bancos participados, que ahora comparten con frecuencia consejeros.

Otra de las condiciones de la UE es que los bancos deberán tener 9 por ciento de capital, al menos hasta final de 2014, y a su vez impedir "en cualquier caso" que las instituciones de crédito reduzcan su capital respecto al nivel que tendrán en diciembre de 2012 sin autorización previa del Banco de España.

Al mismo tiempo, los proyectos de reestructuración de las entidades bancarias prohíben pagar dividendos, obligan a vender activos no estratégicos y prohíben el crecimiento no orgánico.

Para los bancos no viables que necesiten fondos públicos, el Gobierno español tendrá que cerrarlos y garantizar al mismo tiempo la estabilidad financiera, sobre todo con la protección de los depósitos bancarios.

El Gobierno español deberá tener preparado en noviembre de 2012 el plan que tiene en las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de los bancos, con el objetivo de reducir la participación de las cajas en sus bancos filiales por debajo del nivel de control.

La UE clasificará a las entidades financieras españolas en cuatro grupos (entidades sanas, entidades nacionalizadas, entidades que suspendan las pruebas de resistencia y no sean capaces de captar fondos por sí mismas y entidades que suspendan las pruebas pero tengan planes de recapitalización creíbles sin ayuda estatal.

En resumen, la UE quita competencias a España por el rescate bancario, con lo cual el país depende de las medidas que cada día presenta el Gobierno.

El próximo viernes el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy anunciará otro paquete de medidas de ajuste fiscal. Fin