El gobierno cubano estudia hoy la posibilidad de aplicar el sistema de cooperativas a sectores de servicios como transporte y gastronomía, en medio de los cambios que lleva adelante para "actualizar" el modelo socialista de la isla.

Un grupo de especialistas elabora en la actualidad una metodología aplicable a cualquier tipo de unión, un manual de cooperativismo y un sistema de contabilidad y las políticas tributarias, de precios y de seguridad social.

La intención gubernamental es implantar las cooperativas en los servicios, la gastronomía, el transporte y otros rubros de la economía.

El presidente de la Sociedad de Cooperativismo de Cuba, Claudio Alberto Rivera, informó que "el país está enfrascado en la creación del marco legal para hacerlo, y las experiencias en el campo nos han servido de base para estar hoy en mejores condiciones de ampliar la gestión".

"En los próximos años, este tipo de propiedad tendrá un importante rol", aseguró Rivera en declaraciones publicadas este lunes en el semanario "Trabajadores".

Hasta ahora, las únicas asociaciones productivas permitidas en la nación caribeña son en el sector agrícola, que desde los años 60 cuenta con las de Créditos y Servicios (CCS), las de Producción Agropecuaria (CPA) fundadas en 1976 y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), instituidas en 1993.

Entre esos tres tipos de producción suman unas 5.800 cooperativas en el sector agropecuario.

De acuerdo con nuevas regulaciones, los alrededor de 150.000 nuevos granjeros surgidos a partir de una legislación que permite la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas se integran a las cooperativas de manera voluntaria.

Durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (único), celebrado en abril de 2011, se acordó la creación de cooperativas "como una forma socialista de propiedad colectiva, en diferentes sectores".

Las cooperativas en general son descritas por esos acuerdos como "útiles a la sociedad, y en la que sus asociados asumen, con sus ingresos, todos los gastos".

Están incluidas "cooperativas de segundo grado" con más autonomía para su colectivo de dueños.

En todos los casos, las "unidades" autogestionadas mantendrían, en última instancia, la "propiedad social" y, por tanto, no podrían ser vendidas a ninguna otra entidad o personas naturales.

El vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, presentó el pasado 31 de marzo en una reunión de esa instancia la política aprobada para ampliar, de manera experimental, el cooperativismo fuera del sector agropecuario.

Murillo explicó que "para cada experimento se han diseñado los principios fundamentales" que regirán el funcionamiento de las nuevas cooperativas, "preservando en todos los casos el papel regulador del Estado y el Gobierno, según corresponda".

"Dentro de las formas no estatales de producción le damos prioridad a las formas cooperativas, pues es una forma más social", aseguró Murillo, quien es también jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los más de 300 lineamientos aprobados en el congreso partidista.

Desde 2008, el gobierno del presidente Raúl Castro impulsa un plan de reformas económicas, que incluye una disminución de 1,5 millones de trabajadores de una nómina estatal de casi cinco millones, quienes deben pasar al trabajo privado y otras formas de producción no estatales.

El propósito de las autoridades es hacer "más dinámica la economía" interna y estimular la productividad, a la par de reducir los gastos del Estado con la disminución de plantillas, y hacer ajustes de los presupuestos sociales sin eliminarlos.

En esos objetivos, el sistema cooperativo daría un dinamismo "descentralizado" a la iniciativa personal, manteniendo el gobierno el poder de decisión en la economía nacional. Fin