La Ley Nacional Integral de Educación Sexual debe ser impulsadas por todos los candidatos a puestos de elección popular para fortalecer los derechos humanos y pueda prevenir la muerte de las personas, solicitó hoy la organización SOS Discriminación Internacional de Querétaro, México.

En un comunicado, el dirigente de la ONG, Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, agregó que dicha legislación previene el aumento de embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual como el VIH-Sida, la violencia de género y la homofobia que violentan los derechos sexuales.

El maestro en estudios de género, identidad y ciudadanía por la Universidad de Huelva, España, expresó que la carencia de una legislación integral de educación condena a los ciudadanos a vivir en medio de la ignorancia, los prejuicios y la discriminación que los puede conducir a la muerte.

Destacó que los aspirantes a puestos de elección no pueden ser indiferentes a la realidad, ni cómplices del silencio que ha generado la ignorancia en materia de sexualidad y causado la muerte a miles de ciudadanos.

El activista recordó que un reporte del Instituto Mexicano de la Juventud señaló que un número de jóvenes hombres y mujeres de entre los 16 y 19 años que iniciaron su vida sexual sin contar con la información básica necesaria que les permita asumir el control de su cuerpo y de su vida a través del autocuidado.

Asimsmo, el activista refirió un dato divulgado por la Secretaría de Salud que indica que unos 480.000 (24 por ciento) de los dos millones de nacimientos que hay en México cada año corresponden a madres cuyas edades van desde los 14 a los 19 años de edad.

Un embarazo a esas edades tempranas eleva cinco veces el riesgo de morir durante su atención obstétrica, de acuerdo a un comunicado que dio a conocer el Subdirector de Salud Sexual Reproductiva del Centro Nacional de Equidad, Género de la Secretaría de Salud, Alejandro Rosas Solís.

El presidente de SOS Discriminación Internacional Querétaro señaló que el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) documentó en 2011 que más del 65 por ciento de las mujeres que padecieron violencia física o sexual no la denunciaron y en 12 por ciento las mujeres tampoco recurrieron a las autoridades.

Ante las evidencias, el académico resaltó que los aspirantes a cargos públicos deben incluir en sus propuestas garantizar la educación sexual integral, laica y científica en cumplimiento a la Ley General de Salud. Fin