El gobierno español aprobó hoy la ley de transparencia, que obliga a la administraciones públicas a responder a cualquier ciudadano sobre dudas relacionadas con temas como el gasto público o quién y por qué se conceden subvenciones públicas, indicaron fuentes gubernamentales.

La nueva ley permitirá a la ciudadanía obtener datos del gobierno, como por ejemplo cuánto cuesta organizar una cumbre internacional o cuántos funcionarios trabajan en un organismo público y lo que cobran.

La idea de esta nueva ley es que haya un mayor conocimiento sobre lo que se hace con el dinero de todos los ciudadanos.

España es uno de los cuatro países de la Unión Europea (UE) que no contaba con una ley específica de acceso a los datos públicos.

La nueva ley de transparencia surge al mismo tiempo que el portal llamado "Tuderechoasaber.es", que servirá como el canal de la ciudadanía para preguntar sobre cualquier información pública a cualquier administración.

A través de ese portal, cualquier ciudadano podrá pedir información a una institución, y desde el sitio web se remitirá a la institución correspondiente.

Al mismo tiempo, el gobierno español buscará ponerle fin a los sueldos abultados de algunos alcaldes.

En España hay incluso hay ediles que cobran más que el presidente del gobierno, y la ley de transparencia dará acceso a esa información pública.

El presidente del Gobierno tiene un sueldo de 78.185 euros en los actuales presupuestos del Estado, mientras hay alcaldes que ganan hasta 109.939 euros, como Xavier Trias, alcalde de Barcelona, o el de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quienes superan los 100.000 euros mensuales.

No obstante, hay 4.883 localidades españolas con menos de mil habitantes, y sus respectivos alcaldes, salvo excepciones, realizan su trabajo sin cobrar un euro, es decir, casi el 60 por ciento de los pueblos de España.

La ley de transparencia indica también que los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y a una multa a determinar, además de la destitución del cargo público. Fin