Como era previsible, la Estrategia Nacional de Energía de Chile, presentada el martes por el presidente Sebastián Piñera, generó una nueva polémica entre adherentes y opositores, lo que refleja la disyuntiva que enfrentan la mayoría de los países: garantizar el desarrollo y cuidar el medio ambiente.

Ese difícil equilibrio es lo que busca el nuevo plan, que proyecta agregar más de 8.000 megawatts (MW) adicionales a la matriz eléctrica nacional para el año 2020, con la capacidad de transmisión acorde a este crecimiento, asegurando "energía limpia, segura y económica", lo que, según los expertos, es algo ambicioso.

Los ambientalistas ya han elevado su voz en contra de esta iniciativa, sobre todo porque prioriza la hidroelectricidad.

Piñera destacó que esta nueva estrategia intenta, además, crear una cultura de eficiencia energética y anunció que se entregará un sello a las empresas que contribuyan a un uso responsable de este recurso.

"Sin energía limpia, económica y segura no llegaremos a ser un país desarrollado", dijo Piñera, quien ha puesto como meta llegar a esa condición a finales de esta década.

El gobierno tratará de limitar las emisiones de CO2 (dióxido de carbono), a través de la "incorporación de instrumentos tributarios destinados a desincentivar las externalidades negativas", según el plan.

Aunque los empresarios han valorado positivamente las medidas propuestas, algunos han advertido que éstas no presentan mayores novedades respecto de las enunciadas el pasado mes por el mandatario y los proyectos que habían presentado los gobiernos anteriores.

Chile, un país esencialmente minero, no cuenta con petróleo y sus yacimientos de gas apenas abastecen una región, debiendo enfrentar los altos costos de esos combustibles en el mercado internacional, y necesita duplicar la matriz energética cada diez años porque, a juicio del gobierno, la demanda crece entre un 6% y 7%.

Esta estrategia cuenta con seis ejes principales. El primero es lograr la eficiencia energética, con la meta de reducir el 12% del consumo al año 2020, a partir de las cifras actuales, separando el crecimiento económico y el gasto energético, lo cual resulta difícil, a juicio de la experta María Isabel González.

El segundo es ampliar y concretar proyectos de energías renovables no convencionales, con el fin de duplicar las exigencias de la ley 20.257, que establece para el año 2024 una meta del 10% de estas fuentes instaladas en todo el país.

En tercer lugar está un alza en la participación de la hidroelectricidad, que, según los estudios, el potencial del país supera los 20.000 MW. Además, se incluye la generación térmica, con enormes posibilidades en el país y que puede suministrar energía estable. Este proyecto posibilitaría la entrada de nuevas inversiones.

Como cuarto eje, se prevé un papel más activo del Estado en la planificación del sistema eléctrico nacional, así como el establecimiento de una carretera energética pública, mediante la cual se trasmitirá la energía a todos los rincones del país y cuya planificación estará a cargo de una comisión interministerial.

En el caso de esta carretera eléctrica pública, se haría tomando como modelo el de las concesiones y se crearán franjas fiscales por donde pasarán las líneas de transmisión, y el gobierno se encargará de obtener los permisos y realizar expropiaciones de terrenos, pero será el sector privado el que realizará las inversiones.

El quinto pilar es hacer que el mercado eléctrico chileno sea más transparente y más competitivo, a través de la eficiencia de los mecanismos para licitación de clientes regulados, facilitando la incorporación de nuevos actores y la figura del comercializador eléctrico. En la actualidad, en este aspecto existen deficiencias.

Por último, se contempla la integración energética regional, a pesar de la mala experiencia con el suministro del gas de Argentina. Chile forma parte de la llamada "Integración Profunda", donde están Perú, Colombia, Panamá y México, y es miembro de la Unión de Naciones Sudamericanas, lo cual pudiera beneficiarlo en el futuro con proyectos que se están planificando.

Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, dijo que "es absolutamente inaceptable que el presidente no lograra generar un documento orientador de la política energética".

En su opinión, "no logró anunciar un plan estratégico y aún no logra presentarle al país una política concreta, por lo tanto, seguimos con puras vaguedades y aprobando todas las iniciativas del sector privado sin ninguna coherencia con los desafíos que presenta la política energética a nivel nacional", sostuvo la ambientalista.

Otro ambientalista, Luis Mariano Rendón, de Acción Ecológica, criticó lo poco claro del discurso de Piñera en torno a fomentar las Energías Renovables No Convencionales, que es una demanda primordial del movimiento ambientalista.

Sostuvo que "nos preocupa muchísimo que haya puesto un énfasis especial en la energía hidroeléctrica y se haya mencionado específicamente a Aysén", donde se ha proyectado un megaproyecto por un valor de unos 2.300 millones de dólares, al que el gobierno está apoyando, a pesar del rechazo de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales.

Rendón subrayó continuar con la depredación de la Patagonia chilena a favor de la generación energética sería agudizar con el conflicto social existente en el país.

La Estrategia Nacional de Energía es un proyecto indispensable para el desarrollo de Chile, pero es evidente que para su concreción será necesario no sólo reunir recursos financieros y capital humano, sino también voluntades para garantizar el desarrollo y, al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente. Fin