El amanecer del primero de los dos días de "duelo nacional" que decretó la presidenta argentina Cristina Fernández para recordar a los 50 muertos y 703 heridos de la tragedia ferroviaria cambió las características habituales de Buenos Aires y sus alrededores, aunque la congoja se extiende a todo el país.

El dolor por lo sucedido se percibe en cada esquina, en cada bar, en cada espacio de encuentro, al tiempo que los relatos sobre lo ocurrido son el eje de un debate social en el que el gobierno que lidera Cristina Fernández no resulta favorecido.

El espanto crece con cada testimonio que familiares y amigos de las víctimas ofrecen a los cronistas radiales y televisivos que, en forma ininterrumpida, desde el momento mismo del accidente, los consultan para conocer a quiénes buscan.

Esposos, hijos, hermanos, padres, madres y amigos son buscados sin descanso por sus seres queridos que, con fotos entre sus manos, procuran conocer qué ha sido de aquél que desde la mañana del pasado miércoles "no volvió a casa".

El subsecretario de Derechos Humanos del gobierno local, Claudio Avruj, por toda respuesta, reveló que en el sistema de salud pública de esta ciudad, "aún se encuentran internados 12 NN (no identificados)".

La desesperación por no saber se proyecta, se percibe, en cada una de las entrevistas que desde los móviles de la TV, ubicados en las inmediaciones de los hospitales públicos Durand, Ramos Mejía, Pirovano, se difunden continuamente.

María Luna, frente a las cámaras y entre sollozos, busca a su hijo "Federico Bustamante, de 19 años" al que no puede ubicar aunque se ilusiona con que "esté en terapia intensiva, en algún hospital, porque siento que está vivo".

Cristina Villalba López, por su parte, busca a su sobrino Nicolás, de 24 años, en tanto que Antonio García, un octogenario agobiado, quiere saber "dónde está Mercedes", su nieta de 35 años que "no aparece en las listas oficiales de heridos o fallecidos".

Ernesto, entristecido, con un teléfono celular en sus manos, se acerca a un periodista televisivo y difunde un mensaje de voz en el que Gisela, su hija de 16 años, llorando, le informa que "estoy en el tren que chocó, con mamá que está aterrorizada", pero esa comunicación se interrumpió abruptamente.

La jornada de duelo decretada por el gobierno nacional no modifica en casi nada la actividad habitual de esta ciudad y sus alrededores, porque la medida, estrictamente administrativa, sólo dispone que la bandera argentina permanezca a media asta en la totalidad de las dependencias y edificios oficiales.

El debate social apunta -con graves opiniones y acusaciones- a la gestión gubernamental que "no vigila a los concesionarios de los servicios públicos mal privatizados por Carlos Menem (presidente de 1989 a 1999)".

Luego de largas horas de silencio, sólo se distribuyó un comunicado oficial de un párrafo, en el que la presidenta Fernández hizo llegar sus "condolencias" a los familiares de las víctimas de la tragedia.

En tanto, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, acompañado del secretario de Transportes de la Nación, Juan Pablo Schiavi, anunció que "el gobierno nacional se presentará como querellante en la investigación (judicial) del accidente del tren del Ferrocarril Sarmiento" accidentado.

Sorpresivo el anuncio, porque, justamente, es el gobierno el tiene la obligación de fiscalizar la gestión del concesionario de la empresa TBA -operadora de ese tendido ferroviario- y nada indica, en la percepción popular, que esa fiscalización se hubiere concretado nunca.

"No hay palabras que puedan describir el dolor que siente el gobierno nacional, sobre todo la presidenta", por la tragedia ocurrida, destacó De Vido.

Luego, Schiavi aseguró que "acá no se generan esquemas de protección para nadie", sin mencionar a la firma TBA, cuestionada porque el máximo responsable operativo de esa concesión ferroviaria es Roque Cirigliano, ex recaudador de fondos para la campaña presidencial cuando Néstor Kirchner (2003-2007) resultó electo.

El alto funcionario, además, rechazó la demanda opositora para que se presente ante el parlamento para dar explicaciones sobre lo sucedido, porque si bien "no tengo problema en ir al Congreso, no creo que éste sea el momento" para hacerlo.

"La presidenta (Fernández) me ha instruido para que me presente (ante la Justicia) como particular querellante para defender el interés público y acompañar a las víctimas y sus familiares", dijo De Vido.

Por su parte, los ministros de Salud, Juan Manzur y, de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, precisaron que "sólo quedan 46 personas internadas" en los hospitales públicos como consecuencia de la tragedia, y aseguraron que "de 50 muertos, sólo tres no pudieron aún ser identificados" todavía.

Dos altos funcionarios gubernamentales que pidieron el anonimato comentaron a Xinhua que "hasta el momento no se ha producido la inhumación de ninguna de las 50 víctimas fatales" de la tragedia.

Revelaron que "existe una fuerte preocupación en el gobierno de que los entierros de las víctimas generen hechos de violencia social". Fin