La decisión del gobierno de Chile de impulsar la explotación del litio, a través de los Contratos Especiales de Operación, ha generado una polémica respecto al futuro de esta industria y al interés para que el país recupere el liderazgo en este rubro a nivel mundial.

La importancia de este metal se ha elevado por su extendido uso como componente de baterías de teléfonos móviles, Ipads, GPS, notebooks, bicicletas y autos eléctricos, considerándose un sector con enormes perspectivas.

El debate no sólo gira en torno a la validez jurídica de esos contratos, sino también a cómo se explotará este metal con mayor valor agregado. Chile tiene el 25 por ciento de las reservas mundiales de litio y actualmente es el mayor productor global.

"Vamos a vender el litio chileno a bajo costo para volver a comprarlo en plantas fotovoltaicas, celdas de combustible o baterías en nuevos vehículos, claramente a un mayor valor?", se preguntó hoy Alex Godoy, investigador Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello.

"Al parecer la propuesta del gobierno no está siendo ni estratégica ni bien articulada con fomento a la innovación y autonomía, poniendo nuevamente la carreta delante de los bueyes, postergando el verdadero desarrollo por debajo de lo que se considera crecimiento, el cual al parecer es nuevamente sólo económico", respondió él mismo.

El viceministro de Minería, Pablo Wagner, ha reiterado que con el desarrollo de los contratos especiales de operación de litio se logrará aportar al progreso de la industria tecnológica de Chile.

"Tenemos 1.500 años de litio, los mejores costos y la capacidad logística para ser líderes en esta industria. No puede ser que otros países estén avanzando más rápido que nosotros", alertó.

Planteó que el mecanismo de los contratos especiales es transparente y rápido y permitirá destrabar el mercado de explotación del litio.

A su juicio, cada proyecto en esta materia generará inversiones por entre 300 millones y 500 millones de dólares. "Lo más importante es que la recaudación fiscal asociada al pago por la licitación al 7 por ciento de los ingresos de empresas que exploten el metal y de todos los otros impuestos vinculados, ascenderá a 350 millones en el período por cada contrato".

Por su parte, Juan Carlos Guajardo, director del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, dijo que "esa deseable premura del gobierno no debe, sin embargo, anular la necesaria búsqueda de un amplio apoyo que otorgue bases estables para el desarrollo de la industria del litio en Chile. La minería es una actividad de largo plazo, por lo que la legitimidad política resulta imprescindible".

Sugirió tener en cuenta las particularidades del litio chileno y "el gobierno tiene una oportunidad única para establecer un marco integral y coherente para una industria en ascenso en el mundo, a través de un nuevo comienzo, que ampliamente respaldado, permita aprovechar las ventajas y oportunidades que tiene el país".

Gajardo recomendó también estudiar "seriamente la posibilidad de desarrollar tecnológicamente a esta industria" y establecer dentro de los contratos "mecanismos que permitan que las grandes corporaciones interesadas en el recurso aporten tecnología que permita, inicialmente, la producción de productos distintos del carbonato de litio, que es una de las formas más básicas en la cadena de valor de esta industria".

Explicó que era necesario abordar aspectos como el del Salar del Desierto de Atacama, en el norte del país, donde dos compañías han venido explotando el litio, y que cuenta con el 80 por ciento de las reservas nacionales, pero que los contratos sólo se harán cargo del 20 por ciento de las reservas nacionales.

Esas dos empresas privadas son la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la Sociedad Chilena del Litio (SCL), filial de la estadounidense Chemetall, que siguieron extrayendo el litio del Salar de Atacama después que en 1983 la ley del Código Minero estableció que el litio era estratégico y quedaba como reserva estatal, sin posibilidad de abrir nuevos yacimientos.

En aquella época, el litio era considerado estratégico porque era utilizado en la producción de armas nucleares, por lo que su producción no podía estar sujeta a concesiones a las empresas privadas, como ocurre en Chile con el resto de la minería nacional.

Al utilizar la vía administrativa de los contratos, y no modificar su estatus estratégico a través de la tramitación de una ley, el gobierno busca incrementar con rapidez la producción, dada la acelerada competencia desde otros países.

Cada licitación otorga el derecho a poder explotar litio por el equivalente a 100.000 toneladas metálicas durante 20 años, contados desde el momento de la suscripción del contrato. Existen unos 90 proyectos de empresas extranjeras interesadas, entre ellas, Li3 Energy, Minera Copiapó, la australiana-canadiense Talison Lithium Limited, y la estadounidense Pan American Lithium Corp.

Por último, el senador opositor Alejandro Navarro insistió en que "el litio es chileno, y debe ser extraído y vendido por el Estado, a través de una empresa como la cuprífera estatal Codelco, que un ejemplo de soberanía, de no renunciar a nuestras riquezas. Queremos lo mismo para el litio, es factible, no hay razones para no hacerlo".

La polémica interna sobre el futuro del metal continuará en Chile, pero no habrá vuelta atrás con los contratos especiales, y todo indica que este país recuperará su liderazgo en la producción del litio. Fin