El gobierno y organizaciones de consumidores de Chile preparan más acciones judiciales contra tres cadenas de farmacias, a fin de obtener indemnizaciones para las miles de personas perjudicadas por la colusión de esas empresas para subir los precios de medicinas, dijeron hoy fuentes oficiales y privadas.

Esas querellas están previstas para después de que la Corte Suprema decida ratificar o no el reciente fallo del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que decidió multar a las cadenas Cruz Verde y Salcobrand por 19 millones de dólares por haberse puesto de acuerdo para elevar el valor de los medicamentos.

La colusión empresarial constituye en Chile una grave violación a las normas sobre libre competencia.

Una tercera empresa, Farmacias Ahumada, no fue multada por haber reconocido ante ese tribunal el error cometido por sus gerentes comerciales, y se benefició de un acuerdo a que había llegado con la fiscalía, reconociendo la violación a la ley.

En la resolución del TDLC se describen los acuerdos entre quienes se desempeñaban en áreas comerciales en las farmacias investigadas y en algunos laboratorios para coordinar alzas en los precios de los medicamentos.

Al menos 206 medicamentos quedaron bajo esta práctica entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, bajo el procedimiento de que el alza realizada por una cadena era luego seguida por las demás sin rivalizar en los precios.

Las querellas civiles serían la única forma de obtener compensaciones económicas, siempre y cuando se presenten pruebas que correspondan al período en que se cometió el ilícito, sostuvo el ministro de Economía, Pablo Longueira.

Hubo personas que padecían de enfermedades crónicas y que, con el alza concitada de los precios de los medicamentos, se vieron expuestas al deterioro de su salud.

El gobierno decidió que las demandas judiciales se canalizarían a través del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), aunque este organismo sólo asesoraría a los consumidores querellantes, puesto que no tiene las facultades para perseguir ilícitos.

También, el gobierno creó una comisión presidencial, cuya tarea será revisar la legislación antimonopolios y todas las leyes que abren espacios a las prácticas anticompetitivas.

Por su parte, el presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu), Stefan Larenas, comentó que ya se está trabajando con grupos concretos de afectados, que cuentan con las evidencias para probar que efectivamente hubo un perjuicio.

De acuerdo con Larenas, "existen algunas colectividades que tienen convenios con las cadenas de farmacias como los sindicatos, asociaciones de dializados, de personas con diabetes, etcétera, que son clientes cautivos que perfectamente podrían ser parte de algún tipo de acción porque los instrumentos jurídicos existen".

El principal mecanismo que se utilizaría serían las demandas civiles colectivas, las cuales deben esperar hasta septiembre, porque esas cadenas de farmacias han anunciado que apelaron la sentencia dictada por la Corte Suprema.

Por su parte, el abogado y director de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, dijo que su organización ya ha contactado con al menos 50.000 personas que podrían obtener indemnizaciones, aunque precisó que esta cifra es muy baja en relación al universo de afectados que no poseen las pruebas para iniciar un juicio civil.

"Decenas de miles de consumidores van a recibir su indemnización y vamos a colaborar con los ciudadanos que quieran recibir compensaciones", dijo el abogado.

"Existen medios de prueba porque la fundación los consiguió en 2008 cuando se presentó el requerimiento. Hemos preparado demandas que vamos a interponer una vez que la Suprema ratifique lo dispuesto por el Tribunal de la Libre Competencia", dijo.

El gobierno informó que, en el caso de que la Corte Suprema no proceda, se analizará por la comisión asesora presidencial la forma para que se introduzcan cambios legales a la Ley del Consumidor que incluyan compensaciones a las víctimas de estos ilícitos.

La importancia del fallo del TDLC no sólo reside en el monto de las multas o por la notoriedad pública que adquirió el tema cuando se denunciaron los hechos, sino también por el hecho de que en varios ámbitos generará precedentes relevantes para el funcionamiento de los mercados en Chile.

En cualquier caso, esa decisión ha dado inicio a un proceso de reclamo generalizado de los consumidores contra malas prácticas de proveedores y comerciantes, no sólo en el área de las medicinas, sino también para otros sectores.

Expertos recomendaron que en forma paralela a la sanción de las malas prácticas comerciales por los tribunales, el gobierno debía abordar reformas para remover las barreras existentes a la competencia.

Al parecer, la prioridad del gobierno estaría en revisar todas aquellas regulaciones obsoletas que han impedido que las farmacias y otros mercados funcionen con plena competencia, y se generen espacios para la colusión en los precios y otras ilegalidades.

El caso de las farmacias coludidas demostró cuán desprotegidos están los consumidores chilenos, porque la ley en la materia no establece los parámetros para sancionar la colusión, los atentados contra la libre competencia ni los intereses difusos que no están considerados dentro del contenido. Fin