En Argentina se practican más de 500.000 abortos ilegales por año, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales que abordan la temática.

Ello, a pesar de que el Código Penal castiga con prisión de tres a diez años si esa práctica se realiza sin consentimiento de la mujer, o de uno a cuatro años si la madre presta su aprobación.

Según datos del "Informe sobre la salud en el mundo 2005", de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año ocurren unos 46 millones de abortos provocados, de los cuales sólo 60 por ciento se llevan a cabo en condiciones seguras.

Mientras, en el país austral muere una mujer por día por la clandestinidad de la práctica y su realización en condiciones sanitarias adversas.

En ese contexto, en medio de opiniones fuertemente enfrentadas, el Congreso argentino protagonizó esta semana una jornada histórica al debatir por primera vez la despenalización del aborto.

Lo hizo en el marco de la denominada Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Gratuito y Legal, que contó con la adhesión expresa de más de 50 legisladores del total de 257 que componen la Cámara de Diputados.

La Comisión de Legislación Penal de la cámara baja consideró el martes un dictamen que permite la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas.

Sin embargo, y a pesar de que su titular Juan Carlos Vega (Coalición Cívica, oposición) afirmó que había conseguido las firmas necesarias para que el tema pase a ser tratado por la Cámara en pleno, el proyecto no tuvo el aval necesario para convertirse en un despacho de comisión.

La iniciativa cosechó seis firmas de un total de 14 presentes, y quedó a dos de las necesarias para avanzar.

Por esa razón, Vega prevé convocar para el jueves próximo a una reunión conjunta con las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, explicó a la prensa local.

Xinhua entrevistó a una de las principales impulsoras del proyecto, la diputada nacional Victoria Donda (Frente Amplio Progresista, oposición).

Donda dijo que "la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema de justicia social y salud pública, porque el aborto clandestino, mal hecho, sin condiciones sanitarias adecuadas, pone en peligro la vida y la salud de las adolescentes y las mujeres más pobres".

"Legalizar esta práctica no significa obligar a alguien a realizarlo, por el contrario, garantiza condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres que deciden interrumpir un embarazo", planteó.

La legisladora subrayó que en Argentina se realiza un aborto ilegal por minuto, todos en condiciones insalubres.

Por el contrario, el titular de la Academia Nacional de Medicina, Juan Ghirlanda, dijo a Xinhua que "la salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, la vida de la mujer y la del niño por nacer.

"La obligación médica es salvar a los dos, nada bueno puede derivarse de la sociedad cuando se elige la muerte como solución".

"Corresponde a las autoridades tomar las mejores medidas preventivas y curativas sin vulnerar el derecho humano fundamental a la vida y el de los profesionales médicos a respetar sus convicciones", agregó.

La legislación argentina admite el aborto de manera excepcional, cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre, o si es fruto de violación a una mujer discapacitada, según el artículo 86, incisos 1 y 2 del Código Penal.

Al respecto, la principal voz de oposición al proyecto en la Cámara de Diputados, la legisladora de la fuerza Valores Para mi País, Cynthia Hotton, sostuvo que "el aborto no es el remedio a una violación".

La funcionaria fue consultada por esta agencia y opinó que "una violación es una tragedia para la mujer. Hay que contenerla y luego, pensando en la vida del niño, hay que hacer que ella decida seguir adelante con su embarazo. Si decide no tenerlo, lo puede dar en adopción mediando la justicia para que no haya entregas ilegales de bebés".

"Los que estamos a favor de la vida decimos que de ninguna manera podemos decidir sobre la vida del más indefenso, que es el niño que está por nacer", añadió.

El tema también ha dividido a quienes profesan la religión católica, mayoría en Argentina.

La presidenta Cristina Fernández y la candidata presidencial en 2003, 2007 y 2011, la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica, oposición), ambas practicantes de ese credo, han expresado su firme rechazo a proyectos como los que considera actualmente el Congreso argentino.

El viernes, el gobernador de la provincia de Chaco (norte), Jorge Capitanich (peronista cercano al gobierno nacional), aseguró que "como creyente, tenemos que seguir y ejecutar el plan de Dios. En este sentido, la protección de la vida desde la concepción en el seno materno es un principio esencial. Por eso estamos en contra de cualquier política abortista".

Sin embargo, la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), promueve desde 1993 la reflexión y la acción sobre cuestiones tales como los derechos reproductivos, sexualidad, salud y ciudadanía de la mujer, y sus relaciones con elementos religiosos.

El martes, al comenzar a tratarse el tema en el Congreso argentino, numerosas organizaciones en favor y en contra de la despenalización del aborto se apostaron en los alrededores, para hacer conocer sus posiciones.

Según anunciaron, las partes volverán a estar presentes el jueves próximo, para cuando están convocadas las comisiones que, de acuerdo con lo que resuelvan, determinarán que el tema se trate en el recinto en lo que resta del año parlamentario, que termina el 18 de noviembre, o en 2012. Fin