(SPANISH.CHINA.ORG.CN) – Más de un cuarto de siglo después de su vuelta a la democracia y tras años de intensos debates, Brasil aprobó un proyecto de ley para investigar los delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985.

La decisión, adoptada por unanimidad por la Cámara de Diputados, dio luz verde a la constitución de la Comisión de la Verdad, que se encargará de la “reconstrucción de la verdad histórica” con el apoyo del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien permaneció dos años presa y sufrió torturas por sus vínculos con grupos guerrilleros opuestos al régimen.

Este paso, “podría cambiar la historia de Brasil”, afirmó la ministra secretaria de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, poco después de conocerse el resultado de la votación.

Siete personas elegidas por la presidenta brasileña formarán la comisión, que tendrá dos años para investigar lo ocurrido y no podrá contar entre sus miembros a funcionarios que “ejerzan cargos ejecutivos en el Gobierno”, cargos de confianza “en cualquier esfera del poder” y antiguos militantes contra el régimen dictatorial.

El principal objetivo es “esclarecer los hechos”, explicó el diputado Cándido Vaccarezza, del la coalición gobernante PT-SP, quien aseguró que una vez concluidas las investigaciones “no habrá ninguna persecución, porque el objetivo es el esclarecimiento”.

Rousseff, quien se encuentra en Nueva York participando en la Asamblea General de la ONU, se mantuvo todo el tiempo en contacto telefónico con diputados que se encontraban en la sesión en el Congreso.

La Comisión podrá servirse de todas las informaciones del Estado clasificadas como secretas, así como de las informaciones voluntarias entregadas anónimamente a sus miembros.

El proyecto ha podido contar con el consenso del Gobierno y de la oposición, e incluso de los militares, porque no significará la derogación de la Ley de Amnistía, que impide condenar a los torturadores de los tiempos de la dictadura.

La nueva ley, que deberá ahora ser ratificada por el Senado y aprobada definitivamente por la presidenta, intenta más bien esclarecer todas las sombras de los años de terror, devolver si fuera posible los muertos o desaparecidos a sus familiares y hacer justicia a la historia, sin quebrar el consenso alcanzado para poder devolver al país la democracia de la que hoy goza a pleno título.

Las familias de las víctimas, que siempre lucharon para que pudieran ser procesados y condenados los torturadores, han considerado la nueva ley como un primer paso importante en el esclarecimiento definitivo de la “terrible verdad de los años del terror y del horror” que vivió el país.

Durante la dictadura militar brasileña fueron asesinadas unas 500 personas y cientos de activistas fueron torturados.