Cientos de profesores salvadoreños marcharon hoy desde tres puntos de la capital del país rumbo a las instalaciones del Ministerio de Hacienda, para exigir que un aumento salarial recientemente aprobado sea retroactivo desde inicios del año en curso.

La protesta fue organizada por las principales agrupaciones del magisterio como medida de presión contra el Ejecutivo, que en julio pasado aprobó un aumento salarial descartando su retroactividad por falta de fondos.

"Ya no queremos seguir negociando con delegados del presidente, queremos negociar con el presidente Mauricio Funes", declaró a Xinhua el dirigente del movimiento, Mario López.

Según el secretariado de Bases Magisteriales, Funes prometió inicialmente que el aumento salarial sería retroactivo.

"Ya había un compromiso de palabra que hizo público y el gobierno no lo honró", señaló López.

El incremento salarial del 10 por ciento al salario de los educadores fue anunciado por el Ejecutivo en diciembre de 2010 y luego fue aprobado por la Asamblea Legislativa en junio pasado.

El presidente Funes acordó elevar el salario 10 por ciento a quienes ganan entre 300 y 600 dólares, y seis por ciento a quienes tienen un salario de entre 601 y 1.000 dólares, pues a decir del mandatario, el gobierno cuenta sólo con un fondo de 13 millones de dólares para cumplir con la medida.

Al respecto, los dirigentes rechazaron estar dispuestos a celebrar otra mesa de negociación con intermediarios del presidente.

"No tiene sentido (hablar con ellos) en tanto el presidente de manera autoritaria los desautoriza públicamente, los hace pasar ridículo", enfatizó López.

Según el líder del movimiento, Funes les ordena a los representantes "que lo que han acordado con las gremiales no se cumpla".

Las marchas de hoy forman parte de una serie de protestas que se prevén para los próximos días y que incluyen el cierre de las fronteras terrestres el próximo 30 de septiembre.

"Cerrar las fronteras ya lo hemos hecho", anticipó Manuel Molina, secretario general del Sindicato de Maestros de Educación con Participación de las Comunidades (Simeduco).

Por su parte, el vicepresidente del país y ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, desestimó el impacto de la protesta.

"Hasta las ocho (de la mañana) teníamos un total de 29 escuelas cerradas; teníamos con cierre parcial 11 centros educativos cerradas y parcial solo 11 centros educativos y en total se comprueban que solo 473 maestros no han asistido", declaró Sánchez a la prensa.

"A nuestro juicio el sistema sigue funcionando, pero en el sistema tenemos más de 44.000 maestros; entonces que los 1.000 ó 2.000 maestros marchen, lo pueden hacer", opinó el ministro.

Los activistas también pidieron que el gobierno ofrezca un mejor programa de salud magisterial y el derecho de pensión a quienes tienen 30 años o más de servicio. Fin