(SPANISH.CHINA.ORG.CN) – La arremetida del presidente chileno, Sebastián Piñera, contra estatización de la educación, a escasas 48 horas de la fecha prevista para que el Gobierno y los estudiantes entablen un diálogo para acabar con más de tres meses de huelga estudiantil, ha echado leña a la tensión que desde hace varias semanas vive el país sudamericano.

En las últimas horas, el mandatario declaró que en Chile deberían coexistir la educación privada y la pública, y que el Estado vele por la calidad de ambos sistemas y también por el financiamiento, para que todos los niños y jóvenes puedan acceder a la educación de acuerdo a su esfuerzo y mérito, planteamiento que no sentó nada bien entre los estudiantes y profesores en huelga, para quienes Piñera no ha entendido las demandas, informó Xinhua.

Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), reconoció estar “confundido con las señales que el Gobierno está enviando a través de la prensa”, aunque aseguró mantener su esperanza en que el sábado próximo exista un giro en las propuestas del Ejecutivo.

El Gobierno debe dar un giro y reconocer que la educación es un derecho, que es una responsabilidad ineludible del Estado y que ellos (los estudiantes) no están pidiendo la estatización de la educación, sino que no se lucre con el dinero del Estado y la educación pública sea fortalecida, señaló en respuesta a la afirmación del presidente de que la educación gratuita para todos no es conveniente ni justa.

La estatización y monopolización de la educación por parte del Estado es, a la larga, un atentado a la calidad, a la libertad y a la equidad en la educación, manifestó Piñera y añadió que su Gobierno tiene “un desafío gigantesco para hacer un cambio copernicano en nuestro sistema educacional”.

Luego de hacerse pública las declaraciones del Gobernante, Jackson informó que los estudiantes habían pedido el mismo jueves al Gobierno y a los partidos oficialistas no crear una “campaña del terror” contra sus demandas. “Lo que dijo el presidente no tiene nada que ver con lo que estamos demandando. Nosotros tampoco queremos la estatización completa, queremos educación fortalecida”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, aseguró que “las señales de estos días no son buenas”.

La cuerda del conflicto se tensó un poco más el mismo jueves, después que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) reclamase y convocase una manifestación para el viernes en Santiago, por haber sido excluida del diálogo del sábado en La Moneda.

Esta organización representa a 80 por ciento de los escolares, según Alfredo Vielma, uno de sus voceros, quien dijo que “en el diálogo no están todos los actores representados. No podemos dejar que unos pocos decidan lo que nos concierne a todos”.

El fondo de las protestas estudiantiles, que tienen gran apoyo popular, es la enorme desigualdad que afronta la sociedad chilena, donde la distribución del ingreso presenta una enorme brecha entre las familias ricas y las de clase media y pobres.

Según analistas locales, este conflicto es una expresión de que el modelo neoliberal, establecido durante el régimen militar en la década de 1980 que incluyó la privatización de la educación, ha llegado a su fin y requiere un cambio profundo en la Constitución chilena.

En su última propuesta a los estudiantes, el Gobierno planteó cuatro ejes para llegar a un acuerdo, entre ellos establecer un sistema combinado de becas y créditos para que 60 por ciento de la población más pobre reciba ayuda del Estado, junto a la reprogramación de las deudas de 110.000 morosos del sistema de créditos y una rebaja del interés bancario de 5 a 2 por ciento.

El segundo eje es el fortalecimiento de la educación pública, con más recursos y la transferencia de los colegios que no están bien administrados a organismos públicos descentralizados, en un avance para eliminar la deficiente administración municipal de las escuelas.

Como tercera opción aparece el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro a las universidades, lo cual fiscalizará la Superintendencia de Educación Superior; y la cuarta y última es una reforma constitucional para garantizar el derecho a la educación de calidad.

Está previsto que el próximo sábado comience la mesa de diálogo entre el presidente y el movimiento estudiantil y profesores, que hace más de tres meses han protagonizado protestas masivas para que se cumplan sus demandas.

Otro obstáculo para el entendimiento surgido el jueves fue el pedido presentado a la Contraloría General de la República por la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile (Confech) para que se inhabilite al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, debido a que existe un conflicto de interés por su participación de propiedad en una universidad privada.

“Si el presidente quiere avanzar hacia una solución, va a tener que decidir si quiere empezar un diálogo sincero con los estudiantes o si va a seguir amparando a empresarios que han lucrado ilegalmente con la educación”, subrayó el vocero de la Confech, Francisco Figueroa.