(SPANISH.CHINA.ORG.CN) – La experiencia de Brasil en la lucha para reducir la miseria se ha convertido en un modelo a imitar por sus avances innegables. Según datos oficiales, 28 millones de brasileños han salido de la pobreza extrema y otros 36 millones han pasado a formar parte de la clase media del país.

Los progresos, aunque todavía queda por delante el reto de otros 16 millones de ciudadanos que viven en condiciones precarias, han sido posibles por los programas sociales activados en el último decenio por el Gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y su sucesora en el cargo, Dilma Rousseff.

Precisamente para continuar reduciendo el número de pobres, la presidenta aprobó en junio el plan Brasil sin Miseria, que extenderá los subsidios a 800.000 familias hasta ahora excluidas, beneficiando a 1,3 millones de menores de 15 años, iniciativa para la que ha sido aprobado un presupuesto anual de 8.800 millones de euros.

“Ya no esperaremos a que los pobres nos busquen; es el Estado el que debe salir a buscar la miseria”, dijo la mandataria al lanzar el proyecto. Las ayudas directas se completarán con inversiones en salud, educación, saneamiento y formación profesional, precisa en su edición de este jueves el diario La Vanguardia. Ninguno de estos programas, añade la publicación, estaría funcionando como lo hace sin una buena coordinación entre las administraciones involucradas, pero tampoco sin contar con la sociedad. Para afinar la participación social, 62 organizaciones civiles fundaron en mayo el movimiento Brasil sin Pobreza, en cuyo espectro entran abogados, médicos, educadores, religiosos y representantes de los indios del Mato Grosso, entre otros.

Otro punto esencial de los programas, agrega el periodista Fernando García, es el carácter inmediato y directo de las ayudas, distribuidas mediante una tarjeta personal de débito que también facilita el acceso a microcréditos. El hecho de que no haya intermediarios no sólo ahorra dilaciones y costes burocráticos, sino que evita chantajes y corruptelas: un aspecto que se ha de tener muy en cuenta en un país donde la mordida es pan de cada día.

Como muestra, la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre el desvío de millones de euros mediante comisiones ilegales de hasta el 50 por ciento en los contratos de las obras para reconstruir los pueblos afectados por las lluvias de enero en Río de Janeiro, que dejaron 900 muertos.

En opinión de García, la fórmula funciona porque existen recursos y un Estado fuerte que puede y quiere gestionarlos adecuadamente, de modo que no todos los países pueden copiarla fácilmente. Pero en la medida en que mejora la formación y favorece la independencia económica de los beneficiarios, el sistema está impulsando a su vez el crecimiento económico y desarrollo humano del país.

El Gobierno brasileño acaba de aprobar la segunda fase de su programa de viviendas sociales Mi Casa, mi Vida, para el periodo 2012-2014, con el que pretende ampliar en dos millones de unidades el objetivo de un millón trazado en la etapa anterior, puesto en marcha en 2009, que debe acabar este año.

De esta fórmula las familias más necesitadas se benefician con la financiación sin intereses de pisos y casas a bajo precio. La cuota para los más desfavorecidos, en zonas con suelo barato, puede bajar de diez euros al mes. Pero hay retrasos, problemas y quejas.

Aunque los contratos firmados para la primera fase superan ya la meta prevista, el volumen de entregas ronda el 25 por ciento. Muchos beneficiarios han denunciado deficiencias de calidad en la construcción; alejamiento de los servicios o falta de transporte. El alza en los precios inmobiliarios en Brasil está dificultando el proyecto.

El Ejecutivo ha tenido que elevar los techos de coste de las viviendas. Pero las constructoras siguen viéndolos poco realistas. Es la gran paradoja: los programas sociales han favorecido el crecimiento, pero este ha traído más inflación (sobre todo en el ladrillo). Y ahora algunos programas salen demasiado caros.