A pocos días del primer aniversario del derrumbe que dejó atrapados en una mina a 33 obreros en Chile, el presidente Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley para fortalecer la seguridad minera.

El accidente en la Mina San José, ubicada en la comuna de Copiapó, en el norte del país, ocurrió el 5 de agosto de 2010 y los mineros fueron rescatados el 13 de octubre en una espectacular operación dirigida por Piñera, luego de pasar 69 días a más de 700 metros de profundidad.

El derrumbe evidenció la necesidad de aumentar las medidas de protección de los trabajadores, ante lo cual el mandatario se había comprometido a entregar condiciones dignas de trabajo en toda la actividad minera, con énfasis en la seguridad, salud e integridad.

El proyecto plantea crear una Superintendencia de Minería y el Servicio Geológico de Chile, traspasa las funciones de la Comisión Chilena del Cobre al Ministerio de Minería y elimina el Servicio Geológico y Minero (Sergeomin), que se encarga de la fiscalización de las minas.

También contempla medidas para mejorar la seguridad al interior de las faenas, a través del Sistema de Información de Accidentes Mineros, de la creación de Expertos Técnicos Mineros y de la Categorización de las Faenas Mineras y Autoevaluación en Seguridad.

Además incluye mayores multas y nuevas sanciones a los que violen las medidas de seguridad.

Según cifras del gobierno chileno, cada año mueren en accidentes unos 50 mineros.

Piñera explicó que el Proyecto de Ley sobre Seguridad e Institucionalidad Minera implica una rigurosa y exigente fiscalización del Estado a las empresas mineras, con el propósito de reducir drásticamente los accidentes.

Aseguró que el gobierno aumentó 62 por ciento los recursos para la fiscalización y casi 110 por ciento para la seguridad minera, lo cual implica duplicar el número de fiscalizadores durante este año.

"Necesitamos la colaboración activa de empresarios de la minería y los trabajadores", dijo al señalar que se han capacitado a más de 600 mineros para que sean "monitores" de seguridad en sus propias empresas, cifra que se espera aumentar a 4.000 antes de 2014.

Afirmó que gracias a este esfuerzo se logró disminuir a la mitad el número de accidentes fatales en la industria minera durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En la minería chilena los mayores accidentes se producen en los yacimientos pequeños y medianos, donde se invierten pocos recursos en la seguridad de las faenas y trabajan con menos tecnología en comparación con la llamada "Gran Minería".

La "nueva Superintendencia va a estar a cargo de la fiscalización y el cumplimiento de la normativa de seguridad minera e investigará todos los accidentes laborales, para ver cuáles son las responsabilidades que se deben sancionar y cuáles son las lecciones que se deben aprender", afirmó.

También se elaborararán manuales de buenas prácticas para ser difundidos en toda la industria y se establecerá el monto de las nuevas multas.

"Van a ser más onerosas y más exigentes que las que existen hoy día", destacó el mandatario.

El Servicio Geológico de Chile desarrollará un completo y oportuno catastro y un plan nacional para la exploración geológica avanzada, indicó Piñera.

Resaltó que se contratarán expertos y técnicos que van a apoyar a los fiscalizadores en aquellos casos que lo ameriten, "para poder aprender más rápido las lecciones que nos lleven a una cultura de seguridad en la minería".

El pasado 15 de julio, a tres semanas del primer aniversario del derrumbe en la Mina San José, 31 de los 33 mineros afectados presentaron una demanda contra el Estado, al exigir una indemnización por daño moral de 250 millones de pesos (unos 543.000 dólares), cada uno.

La acción judicial se basa en que la mina San José recibió diversas alertas de problemas por fiscalizadores del Estado, tras haber descubierto fallas en las vías de escape en ese recinto, que se encontraban inhabilitadas cuando ocurrió la tragedia. Fin