Los sindicatos de la seguridad social en Costa Rica ratificaron el llamado a una huelga por tiempo indefinido a partir del 19 de julio, con el propósito de reclamar derechos laborales y exigir a las autoridades una solución a la crisis financiera que enfrentan.

Pese a que la presidenta Laura Chinchilla anunció el adelanto de un pago por 85.000 millones de colones (170 millones de dólares) a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para atenuar los problemas financieros, los trabajadores y profesionales dijeron que irán a la huelga.

Entre las principales preocupaciones laborales está un déficit financiero de 92.000 millones de colones (184 millones de dólares) este año en el seguro de salud, que impediría la prestación plena de los servicios en hospitales y clínicas nacionales.

El secretario general de la Unión de Empleados de la Caja (Undeca), Luis Chavarría, acusó en diálogo con Xinhua al gobierno de ser uno de los principales causantes de la crisis.

Chavarría dijo que por años el gobierno acumuló enormes deudas con la seguridad social.

"Estamos hablando de que no se pagan los 300.000 millones (600 millones de dólares) que corresponden al seguro por el Estado, tampoco los 400.000 millones (800 millones de dólares) por las cotizaciones del Estado como patrono", dijo el dirigente sindical.

Añadió que tampoco se cumplen otras leyes que darían algún oxígeno financiero a la CCSS como la Ley de Cigarrillos y recursos de la Junta de Protección Social que no se han pagado.

Chavarría sostiene que la mala administración de la CCSS los últimos años se debe principalmente al sistema de elección política de la presidencia ejecutiva, pues considera que los altos mandos de la institución deberían responder a criterios técnicos.

El secretario general de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), Rodrigo López, aseguró que este gremio se sumará a la huelga para reclamar el continuo deterioro de los servicios para las personas aseguradas.

"Este año calcularon tan mal, que para el 31 de julio ya se acaban los presupuestos", aseveró.

Dijo que el propio movimiento que encabeza ha estado pensando en una revisión del marco estratégico de los compromisos de gestión, que no han demostrado ningún tipo de eficiencia para la administración institucional, y sobre todo pelear porque la asignación presupuestaria sea prioritaria para la atención de los pacientes.

Pero el verdadero detonante de esta huelga es la decisión de la Junta Directiva de la CCSS de adoptar una recomendación de la Procuraduría General de la República, en la que el pago de los permisos por incapacidades ya no serán del salario completo para el trabajador, sino sólo un subsidio.

La Procuraduría argumentó que este pago de incapacidades con salarios es un beneficio que no tienen otros trabajadores en el país, mientras que para la CCSS representa un gasto adicional que se debe eliminar.

El secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS (Siprocimeca), Amaral Sequiera, aseguró que el pago de las incapacidades como salario no es un privilegio, sino un reconocimiento a la alta exposición a enfermedades que viven a diario los trabajadores en los centros médicos.

Sequeira añadió a Xinhua que al convertir el salario en un subsidio, éste ya no aporta para el pago del aguinaldo, la cesantía y las cuotas para el régimen de pensiones correspondiente, lo que puede generar un gran problema social.

"Imagínese un trabajador que se quiebre la cadera y tenga que incapacitarse un año. Tiene que reponer ese tiempo con sus vacaciones, además de que le aplica para el aguinaldo, el salario escolar y cuando se vaya a pensionar, tiene que reponer ese año perdido", declaró.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, hizo un llamado a los funcionarios de la institución para que permanezcan al margen de la huelga convocada por los sindicatos, pues considera que la situación de la entidad "no se soluciona con huelgas, sino con más trabajo".

En el tema de las incapacidades, Balmaceda indicó mediante un comunicado que estas se pagarán "como lo estipula la ley, es decir, que sea un subsidio y no un salario, tal y como sucede con los demás trabajadores del país".

Balmaceda aseguró que cada día de huelga es equivalente a 161.500 medicamentos no despachados, a la cancelación de 384 cirugías y de 19.500 consultas médicas que no se otorgarán, entre otros.

El comunicado señala además que la deuda del Estado con la CCSS es de 431.676,1 millones de colones (861 millones de dólares), pagada por el Estado desde 2007. Fin