A un año del derrumbe de la mina San José de Copiapó, 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados por más de 70 días a 700 metros de profundidad, presentaron una demanda de 7.750 millones de pesos chilenos (unos 17.000 millones de dólares) contra el fisco chileno.

La acción legal está patrocinada por el abogado Edgardo Reinoso, quien hoy hizo la presentación ante el IX Juzgado Civil de Santiago y cuyo sustento principal seria negligencia y daño moral parte de parte del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

La entidad supervisora del gobierno chileno no habría fiscalizado apropiadamente el yacimiento en el que se desarrolló la tragedia, pues se habían detectado previamente un sinnúmero de fallas de ventilación en la salida de emergencia, lo que significó que los mineros permanecieran casi dos meses bajo tierra tras el derrumbe.

Los 33 mineros quedaron atrapados a causa de un derrumbe el 5 de agosto del año 2010 en la mina San José, unos 830 kilómetros al norte de Santiago, quienes fueron rescatados con un enorme esfuerzo humano y financiero con un despliegue encabezado por el gobierno chileno.

Los mineros fueron rescatados con vida, aunque muchos cargan aún con las secuelas psicológicas de la odisea y, de todos, sólo uno ha vuelto a trabajar en una mina.

La demanda pretende indemnizar con 250 millones de pesos (unos 450.000 dólares) a cada uno de los afectados.

Paralelo a esta acción civil, la fiscalía de Copiapó efectúa los últimos peritajes para establecer si los dueños y administradores del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, tuvieron responsabilidad en el accidente.