Cuatro comuneros mapuches completaron hoy 45 días en huelga de hambre, mientras sus familiares recurren a las autoridades chilenas para solicitar la nulidad del juicio en el cual fueron condenados en 2010 a 20 y 25 años de prisión.

El líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, junto a otros tres integrantes de ese movimiento, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, fueron condenados por homicidio frustrado y lesiones por supuestamente atentar contra el fiscal Mario Elgueta en 2008 y cometer un robo con intimidación.

Este grupo recibió penas de prisión de 20 a 25 años en un juicio donde el tribunal, aunque no aplicó la Ley Antiterrorista, se basó en una investigación de la fiscalía basada en esa norma.

Los indígenas mapuches están encarcelados en la ciudad sureña de Angol, donde recurren a la huelga de hambre, medida de presión que llevaraon a cabo antes junto a otra treintena de presos en 2010 para evitar que se les aplicara la Ley Antiterrorista, usada sólo por la justicia militar.

Familiares de los mapuches serán recibidos en el Instituto de Derechos Humanos y la Corte Suprema, después de que enviaron una carta en la cual solicitaron que se anule el juicio que condenó a los cuatro comuneros.

"Una situación alarmante es que los señores jueces consideraron en su sentencia el 'testimonio de oídas' de un policía quien habría escuchado la declaración 'voluntaria' de uno de nuestros familiares (también imputado y condenado), quien se habría autoinculpado e incriminado a otros comuneros mapuche", señalaron los familiares.

De acuerdo con los familiares de los comuneros, esa declaración se obtenida bajo tortura, según consta en la certificación médica de las lesiones producidas.

También denunciaron que la Fiscalía de Temuco archivó el caso y no ordenó investigar los graves hechos de tortura denunciados por el comunero mapuche.

Los comuneros mapuches, debilitados por otra huelga de hambre que efectuaron el año pasado, han perdido un promedio de 14 kilogramos de peso y su salud se ha ido deteriorado, afirmaron sus familiares.

Mientras tanto, el gobierno chileno busca mantener la protesta en el terreno judicial, al argumentar que cumplió el compromiso contraído el pasado año para modificar la legislación con la finalidad de que no les aplicara a los mapuche la Ley Antiterrorista.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Chile ha calificado el juicio como político y otros organismos humanitarios también han solicitado que sea anulado.

El año pasado lideraron el ayuno que duró 80 días, el cual concluyó con la mediación de la Iglesia católica y un acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para una reforma que redujo algunas de las atribuciones de la Ley Antiterrorista. Fin