Durante las próximas semanas, el gobierno en funciones de Portugal tendrá que firmar un memorándum de entendimiento sobre el plan de rescate financiero, valorado hasta el momento en unos 80.000 millones de euros.

Desde la semana pasada, un equipo de representantes del Fondo Monetario internacional (FMI), la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) están en Lisboa para discutir con el ejecutivo luso, con los partidos políticos y con otros agentes sociales y económicos del país, los detalles del rescate.

Después de analizar con detenimiento el verdadero estado de las cuentas públicas portuguesas, la "troika" ha comenzado la ronda de negociaciones políticas.

La primera ha sido con el ministro de Finanzas en funciones, el portugués Fernando Teixeira dos Santos, para discutir el plan base sobre el que transcurrirán las próximas reuniones.

Según la prensa portuguesa, el cuarto Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC IV) será el punto de partida del plan de contención que tendrá que aplicar Lisboa durante los próximos años, a cambio de recibir la ayuda financiera.

Ese plan de ajuste, el cuarto en un año que presentó el ejecutivo socialista, fue rechazado en marzo pasado con los votos en contra de todos los partidos de la oposición, en la votación que se realizó en el Parlamento portugués, provocando la dimisión de su cargo del primer ministro luso, José Sócrates.

Esa situación abrió una crisis política interna que llevó de forma irremediable a la solicitud de la ayuda externa.

Durante las dos semanas que siguieron a la dimisión del jefe del gobierno de Lisboa, las agencias de calificación crediticia decidieron rebajar en varias ocasiones el 'rating', tanto de Portugal, como de sus bancos y de sus principales empresas públicas, dejándolas en el nivel del bono basura, o en el último nivel de la escala de inversión.

Además, durante el último mes se ha seguido registrando un alza imparable de los intereses sobre la deuda soberana portuguesa, incluso después de que Lisboa solicitara ayuda, con intereses superiores al 10,5 por ciento para el plazo a 5 años y próximos al 9 por ciento para el plazo a 10 años.

Según algunos analistas económicos citados por el Jornal de Negocios, el hecho de que el FMI intervenga en Portugal significa que se convierte en un "creedor privilegiado" en caso de incumplimiento por parte del país, lo que hace aumentar el riesgo sobre los préstamos, afectando de forma negativa a los intereses, que no han sufrido ningún alivio durante las últimas semanas.

Con este panorama, se hacía cada vez más inviable que Portugal siguiera financiándose a través de los mercados, una vez que en la última emisión de deuda pública quedó probada la falta inminente de compradores.

Los bancos portugueses dejaron claro que no estaban dispuestos a seguir prestando dinero al Estado, para no poner en peligro el bienestar del resto de la economía portuguesa.

Así las cosas, al ejecutivo de José Sócrates no le quedó más remedio que solicitar la ayuda que durante más de un año ha tratado de evitar a toda costa, viéndose obligado a cambiar el discurso y aceptar que es necesaria la ayuda externa.

Con un evidente tono electoral, pues los comicios anticipados se celebrarán el primer domingo de junio, José Sócrates ha responsabilizado a la oposición de la necesidad de recurrir al rescate, asegurando que han "boicoteado políticamente" la solución del gobierno para evitar la ayuda.

Además, el socialista critica la actitud de su principal rival político, el socialdemócrata Pedro Passos Coelho, afirmando que actúa con intereses electorales y sin pensar en el interés general de Portugal.

Por su parte, el líder conservador, que parte con ventaja en los sondeos publicados hasta el momento, aunque sin un porcentaje de votos suficiente para lograr la mayoría absoluta en el Parlamento, ha manifestado su disponibilidad para pactar un posible gobierno de "bloque central", como ya hubo en el pasado.

No obstante, con la condición de que José Sócrates, reelegido secretario general del partido casi por unanimidad y nuevamente candidato a primer ministro en las elecciones, no forme parte.

DEVOLUCION DE 4.000 MILLONES DE EUROS

En medio de esta crispación política y ante la bancarrota inminente de Portugal, según el ministro de Finanzas, en Lisboa no habrá dinero a partir de junio, cuando tienen que devolver unos 4.000 millones de euros (5.690 millones de dólares) de deuda a largo plazo que vence, ha llegado al país la "troika" de negociaciones.

Según varios analistas citados por el Diário Económico, el plan inicial presentado por el FMI es más favorable para Portugal que el propuesto por la Comisión Europea, ya que cuenta con plazos de devolución de la ayuda más alargados e intereses más bajos, lo que no perjudicaría tanto el desempeño de la ya de por sí suficientemente deteriorada economía portuguesa.

Según el boletín de Primavera del FMI, en 2012 Portugal será el único país de la zona euro que permanecerá en recesión, calculándose un desempleo récord superior al 12 por ciento.

Son perspectivas negativas que aún no contabilizaban la petición de ayuda externa, por lo que las nuevas medidas de contención que tendrán que ser aplicadas podrían incluso perjudicar más el crecimiento de la economía lusa, que durante los próximos meses, o incluso años, podrá encontrar su única salida en las exportaciones.

De momento no hay datos oficiales sobre el inicio de las negociaciones entre la "troika" y el gobierno, a la espera de que los representantes de la ayuda se reúnan también con los representantes de los sindicatos, de las instituciones bancarias y de los demás partidos de la oposición, previstos para los próximos días.

Los dos partidos de la izquierda, Bloco de Esquerda (BE) y Partido Comunista Portugués (PCP), son los únicos que se han opuesto a negociar, al rechazar una "intervención del exterior" que consideran perjudicará más aún la situación delicada que atraviesan los portugueses.

Por su parte, el socialdemócrata Pedro Passos Coelho, ha asegurado que defenderá un "programa que apueste en el crecimiento económico y salvaguarde a los más vulnerables".

"No escondemos a los portugueses que la austeridad tiene que continuar, pero queremos que el Estado, que todavía no lo ha hecho, también aplique la austeridad", afirmó el principal líder de la oposición, que ya ha admitido que tendrá que haber un nuevo incremento de impuestos para garantizar la reducción del déficit público en los plazos previstos por Bruselas.

El objetivo para este año es que el déficit luso se reduzca hasta el 4,6 por ciento, del 7,3 por ciento al que según el gobierno de Lisboa había llegado al finalizar 2010.

Sin embargo, según las actualizaciones de la cifra, al final el déficit luso pasó del 6,8 por ciento, calculado por el gobierno de Lisboa, al 8,6 por ciento real, una vez incluidas las pérdidas con varias empresas públicas de transportes y la nacionalización del banco luso BPN.

En 2013, el déficit luso tendrá que estar en el 2 por ciento, una meta exigente que obligará a que los portugueses se sigan apretando el cinturón durante los próximos años.

En estos momentos, el IVA se sitúa en el 23 por ciento y el sueldo mínimo del país está en los 485 euros (689 dólares). "Todos los partidos tendrán que tener responsabilidad política para que las negociaciones transcurran de la mejor manera y sean lo más benéficas para el país", ha afirmado recientemente el primer ministro José Sócrates.

Ha subrayado que su gobierno en funciones tendrá la "doble tarea" de negociar e informar a la oposición del transcurso de las negociaciones, que irán en la misma línea de los rescates previos a Grecia e Irlanda, con un aumento de impuestos, mientras el FMI exigirá una reforma laboral para facilitar despidos y flexibilizar el mercado laboral.

El objetivo de Lisboa era negociar una ayuda inmediata antes de las elecciones, para poder hacer frente a los pagos más inminentes y dejar el resto de las negociaciones para el gobierno saliente resultado de las próximas elecciones de junio.

Pero la Comisión Europea quiere que el proceso se concluya cuanto antes para dar un mensaje de tranquilidad definitivo a los mercados y evitar un contagio a la vecina España, que para el FMI tiene un problema estructural, debido a la falta de productividad y crecimiento de su economía en la última década. Fin