El Sindicato International Longshore & Warehouse (ILWU) de Estados Unidos, desistió de denunciar al gobierno de Costa Rica por presuntas prácticas antisindicales en contra del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA).

Según informó hoy el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Costa Rica, el ILWU junto a dos sindicatos costarricenses, presentaron el año anterior una comunicación de queja ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL).

La denuncia cuestionaba la aplicación efectiva de la legislación laboral por parte del gobierno costarricense en su intento de intervenir en el Sindicato de Trabajadores de los puertos del Caribe (Sintrajap), para lograr su aval en el proyecto de concesión de estos puertos.

El anterior gobierno de Oscar Arias (2006-2010) impulsó el nombramiento de una nueva junta directiva en Sintrajap para colocar a un grupo de trabajadores afines a su proyecto, pero este cambio fue anulado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, restituyendo a la anterior directiva.

En el documento del 20 de junio del 2010, los sindicatos alegaban incumplimientos con las obligaciones del capítulo 16 del DR-CAFTA.

En particular, se alegaba violación a la libertad de asociación de Sintrajap; por no observar la normativa laboral nacional e internacional; y la negativa del gobierno de Costa Rica a ratificar dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

NOTIFICACION DE DESISTIMIENTO

Costa Rica respondió a las acusaciones en septiembre del 2010 y solicitó a la USDOL considerar "improcedente" la comunicación remitida por los sindicatos.

"La decisión del USDOL sobre esta comunicación estaba prevista para ser emitida a finales del mes de abril de 2011.

Sin embargo, el MTSS fue notificado hoy sobre el desistimiento por parte del Sindicado ILWU de la comunicación laboral presentada contra el gobierno de Costa Rica", señaló el MTSS en un comunicado.

La ministra de Trabajo, Sandra Piszk, se manifestó satisfecha por la noticia, pues considera que queda en evidencia que el gobierno de Costa Rica no ha violado los derechos laborales, ni ha faltado a sus compromisos internacionales.

La administración de la presidenta, Laura Chinchilla, debió desistir de la idea de convencer al sindicato de trabajadores portuarios de aceptar la concesión de las dos principales terminales de ingreso y salida de productos para el país.

Ante esto, el actual gobierno optó por concesionar la construcción de una nueva terminal de contendores a la empresa holandesa APM, en un proyecto que tiene con un costo de 948 millones de dólares.

Para el gobierno costarricense, esta inversión es fundamental en su meta de alcanzar los 17.000 millones de dólares en exportaciones anuales para el 2014, ya que por los puertos del Caribe pasa el 75 de los productos costarricenses hacia el extranjero. Fin

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