Las escalofriantes estadísticas de inseguridad en Honduras, con un promedio de al menos 16 víctimas cada día, han hecho sonar las alarmas en el gobierno hondureño, que comenzó esta semana a delinear una estrategia urgente para reducir la ola de violencia.
El desempleo, la pobreza,la pelea de territorio para la venta de droga, la exagerada cantidad de armas y la consolidación de las pandillas son apenas algunos de los factores que han hecho de este país uno de los más violentos en América Latina.
Sin embargo, la lucha no está perdida para el gobierno del presidente hondureño Porfirio Lobo, quien ha sacado al Ejército a las calles en dos ocasiones desde que empezó su administración en enero del año pasado.
Además, trata de impulsar un paquete de leyes que modificarán el Código Penal y la Constitución para endurecer la política de seguridad.
Entre algunas de las medidas se habla de juzgar como adultos a los jóvenes, menores de edad, que cometan delitos, además de ampliar la detención de 24 a 72 horas, tiempo necesario para realizar las investigaciones.
También considera prohibir el traslado de dos personas a bordo de una misma motocicleta con la finalidad de reducir el sicariato, condenar a 50 años a quien asesine a un operador de justicia o a un policía, y realizar allanamientos a cualquier hora y no a partir de las 6:00 de la mañana.
Estas y otras medidas son analizadas por autoridades de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Congreso Nacional y la Secretaría de Seguridad, que se han ido de frente para contrarrestar la violencia.
Los hondureños se sienten agobiados por la inseguridad, y los esfuerzos del ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, parecen imperceptibles, pese a ser uno de los funcionarios con la mejor evaluación entre los hondureños.
El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 sumergió a Honduras aún más en la pobreza, debido a la suspensión de la ayuda internacional y la falta de inversión.
Para algunos analistas, la convulsión provocada por el golpe de Estado aumentó la criminalidad, en un país donde el salario mínimo es de unos 311 dólares mensuales, con unos ocho millones de habitantes, donde sólo trabajan de forma activa tres millones 236.860 personas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, el ingreso per cápita en Panamá se calcula en 135,7 dólares al mes.
La ubicación geográfica de Honduras para el trasiego de droga también es un factor que genera violencia y muertes por pelea de territorio entre bandas, y la movilización por territorio nacional de unas 100 toneladas de cocaína al año procedentes de Colombia.
El tráfico es mayor en la región atlántica, en el departamento de Olancho (noreste) y en la Mosquitia (Caribe).
"Corremos el peligro de que Honduras se convierta en un narco Estado", sostuvo el comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, en declaraciones a periodistas.
La situación de inseguridad en Honduras es de tal magnitud que del año 2000 hasta junio de 2010 se registraron 36.036 muertes violentas, en su mayoría víctimas de armas de fuego y armas blancas.
En 2009, la tasa de homicidios en Honduras por cada 100.000 habitantes fue de 66,8, cifra que supera ocho veces la tasa promedio mundial establecida en 8,8 en el Informe Mundial de Violencia y Salud del año 2000.
El desempleo, con un índice de 45 por ciento, también se suma a la inestabilidad social, sin tomar en cuenta la cantidad de armas que circulan en ese país.
Un informe de la Comisión de Derechos Humanos arrojó que en Honduras existen más de 800.000 armas en poder de diversos sectores de la ciudadanía, de las cuales 151.003 armas de fuego comerciales están inscritas en el Registro Nacional de Armas y 650.000 circulan de forma ilegal.
En 2006, Honduras ocupó el tercer lugar en la tasa de homicidios en la región al registrar 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, cantidad inferior a los 47 de Guatemala y 65 de El Salvador, según la Comisión de Derechos Humanos.
Todos estos elementos demuestran la labor que tiene por delante el gobierno para recuperar la confianza de la población, que llegó a las urnas en noviembre de 2009 confiada en la promesa de Porfirio Lobo Sosa de aplicar "un puño fuerte" a la delincuencia. Fin