La Corte Suprema de Chile designó este lunes a un magistrado para que investigue supuestos contratos fraudulentos en el Comando de Aviación del Ejército de Chile, lo que se suma a otros casos de corrupción en las fuerzas armadas.

La designación del juez Juan Muñoz Pardo respondió a un pedido del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que buscaba sacar a ese comando de la jurisdicción militar porque se trata de asuntos de carácter administrativo.

Desde la ciudad de Talcahuano, el nuevo ministro de Defensa, Andrés Allamand, afirmó que en este nuevo caso, sobre irregularidades en compras de repuestos y mantención, "vamos a aplicar los mismos criterios que me han escuchado estos días".

Explicó que "cuando se produce una situación que debe ser investigada, la norma es inmediata proactividad por parte de las propias instituciones".

Allamad dijo que esperaba que las investigaciones se efectúen de forma rápida y dentro de los plazos legales", agregando, además, que "las propias instituciones deben establecer medidas inmediatas que puedan facilitar la aclaración de las situaciones".

Las irregularidades fueron denunciadas por dos oficiales del Ejército, cuando el actual viceministro de Defensa, Óscar Izurieta, era comandante en Jefe del Ejército. Sin embargo, ese aviso no fue atendido y uno de los oficiales fue sancionado.

Las denuncias estuvieron relacionadas con sobreprecios que se habrían pagado por el Comando Aéreo del Ejército en la compra de repuestos de las aeronaves adquiridas por la institución.

Fuentes de la Corte Suprema indicaron que ese caso fue investigado en un comienzo por el juez Manuel Valderrama, quien se declaró incompetente para conocer los antecedentes, que pasaron a la fiscalía militar de Rancagua.

En las últimas dos semanas se han conocido diversas irregularidades dentro del Ministerio de Defensa, que han tenido fuerte impacto político por las renuncias del ministro, del Jefe del Estado Mayor Conjunto y del agregado cultural de la embajada chilena en España.

La crisis en esa cartera comenzó con polémica compra de un puente mecano (desarmable) sobre el río Biobío por parte del Ejército tras el terremoto del año pasado, seguida de un cuestionado proceso de licitación de pertrechos militares.

Más tarde, se conoció la pretensión del Ejército de adquirir una residencia oficial para el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Cristián Le Dantec, por un millón de dólares, sin mediar una licitación ni considerar otras opciones y precios.

Además, se detectó la duplicidad de funciones de personas que eran socias de una empresa privada de comunicaciones y que al mismo tiempo prestaban asesorías a honorarios a la Armada en el marco de la organización de la Regata Bicentenario.

Los hechos anteriores fueron cuestionados por la Contraloría de la República, que también pidió al Ejército abrir una investigación al considerar que hubo contratos irregulares en la construcción del nuevo Hospital Militar.

Finalmente, la Fuerza Aérea ha anunciado que abrirá una investigación por las denuncias en torno a varios contratos firmados por el ex comandante en jefe de la institución, Ricardo Ortega, que involucrarían a miembros de su familia.

Hasta ahora, solamente son acusaciones que deben ser comprobadas en las instancias pertinentes, pero ha llamado la atención la variedad y amplitud de las investigaciones que involucran con distinta intensidad a las tres ramas de las fuerzas armadas.

Los medios de prensa chilenos coinciden en que existen indicios de que en el sector de la Defensa se llevan a cabo procedimientos que no cumplen con estándares de transparencia y probidad.

Allamand ha reiterado su voluntad de indagar a fondo estos hechos con la máxima prioridad, observando la necesaria reserva por motivos de seguridad nacional, pero que tampoco sea un obstáculo para transparentar el funcionamiento de sus fuerzas armadas.

Este lunes también se informó que fueron despedidos del Ministerio de Defensa tres ex oficiales del Ejército que, según el abogado y diputado comunista Hugo Gutiérrez, pertenecieron a los organismos represivos de la dictadura del general Augusto Pinochet.

Un escueto comunicado del ministerio indicó que Alejandro Romero, José Pérez y Orlando Carter fueron cesados de sus funciones en la Subsecretaría de Guerra, al mando del ex comandante en jefe del ejército, Oscar Izurieta.

Carter fue identificado como yerno del máximo jefe de la represiva Dirección de Inteligencia del Ejército (DINA), general Manuel Contreras, condenado a más de 300 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. Fin