Instituciones públicas, organismos independientes y grupos civiles nicaragüenses rechazaron hoy un informe emitido por la secretaría de la Convención Internacional sobre Humedales (Convención de Ramsar) sobre presuntos daños ambientales causados en Costa Rica.

Representantes de la Procuraduría General de Medio Ambiente del Ministerio de los Recursos Naturales y del Ambiente (Marena), la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional (parlamento) y organismos independientes exigieron al gobierno de Nicaragua que rechace el informe emitido por la Comisión de Ramsar.

Los representantes de las instituciones y organismos firmantes de una declaración señalaron que el informe carece de objetividad científica e imparcialidad.

De igual forma solicitaron al gobierno el envío de una comisión técnica a la zona de dragado en el río San Juan, de Nicaragua, cerca de la frontera con Costa Rica, para que constate en el sitio el supuesto daño ambiental al patrimonio costarricense.

La posición de los ambientalistas nicaragüenses es una respuesta al informe emitido por la Convención de Ramsar, llamada así por el nombre de un pueblo iraní, a solicitud de Costa Rica con el propósito principal de evaluar los cambios en el carácter ecológico.

El profesor en Ciencias Ambientales, Kamilo Lara, dijo que varios grupos ambientalistas señalarán oficialmente las debilidades, errores e inconsistencias del "seudo informe" emitido por la Convención Internacional para ser usado como un arma por Costa Rica en su diferendo limítrofe con Nicaragua.

Los ambientalistas nicaragüenses señalaron que el informe es una "ofensa para la comunidad científica", ya que no tomó en cuenta información oficial ofrecida por Nicaragua, no realizó trabajo de campo y se basó fundamentalmente en información ofrecida desde oficinas gubernamentales costarricenses.

Un diario local publicó que el informe "contiene sabor, olor y color tico (costarricense)", en alusión a la presunta parcialidad del reporte de la Convención de Ramsar, emitido con base en datos del gobierno de Costa Rica.

El informe se emitió en medio de tensiones fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua, luego de que el gobierno de San José acusó aManagua, el 21 de octubre, de invadir su soberanía territorial y provocar daños a su patrimonio ambiental tras iniciar obras de limpieza en el río San Juan.Fin