Más de 5.800 casos de fraude eléctrico se detectaron de enero a octubre de este año en La Habana, cifra que rebasa en más de 100 los reportados en igual lapso del pasado año, dijeron fuentes de la Unión Eléctrica de Cuba.

Sólo en el municipio de Playa fueron hallados 809 hogares que intentaban burlar el pago correspondiente a su consumo real, dijo Rolando Hernández, especialista principal de la Dirección Comercial de la Empresa Eléctrica capitalina, citado hoy por el diario "Granma".

Hernández explicó que los más de 11 millones de megawatts por hora de energía (MWH), recuperados al descubrir tales infracciones, representan un día de consumo de toda la provincia y un importe superior a los 10 millones de pesos (unos 333.000 dólares).

Con más de dos millones de habitantes, la capital cubana consume la cuarta parte de la energía del país, en tanto que su sector residencial emplea el 50 por ciento de esa proporción.

El informe no dio cuenta de las medidas aplicadas a los infractores, pero el Decreto-Ley 260 (emitido por el Consejo de Ministros) prevé multas de 500 pesos, el retiro del servicio eléctrico por 72 horas y el cobro de la energía sustraída por 12 meses con carácter retroactivo.

En caso de reincidencias, la multa asciende a los 1.000 pesos, se retira el servicio de forma significativa en días y se aplica el cobro de la energía sustraída por 12 meses.

Según el especialista, "para combatir el fenómeno del fraude se adoptan medidas, entre las que sobresalen el incremento en el número de inspecciones, los muestreos de ruta a los lectores-cobradores, y acciones morales, como informar en la barriada y al centro de trabajo de los comisores del delito".

En junio pasado, la Unión Eléctrica anunció la adopción de medidas "duras" para acabar con el fraude eléctrico; esto, ante el aumento de dichos casos durante el año y en momentos en que el gobierno de la isla ha llamado al ahorro energético.

A finales de noviembre de 2009, la Unión Eléctrica anunció un aumento en las tarifas para los mayores consumidores en el sector residencial, el cual se aplicará a partir del presente mes, con vistas a estimular el ahorro y disminuir los subsidios del Estado. Fin