Las claves, limitar las actividades de riesgo de los grandes bancos y obligarles a mejorar su liquidez para afrontar posibles crisis. La ley prevé además un mecanismo que permite desmantelar las entidades que resulten problemáticas, y un organismo especial del Banco Central para la protección de los derechos de los consumidores de productos como hipotecas o tarjetas de crédito.