La actividad del complejo metalúrgico de La Oroya, a unos 150 kilómetros al este de la capital peruana, avivó en este país una crisis del sector minero que involucra discusiones sobre beneficios económicos, daños a la salud humana, medio ambiente y conflictos laborales.

La Oroya, justo donde inicia el andino departamento central de Junín y a casi cuatro mil metros sobre el nivel del mar, fue adquirido como parte de un proceso de privatización de empresas estatales en 1997 y rebautizado como Doe Run Perú (DRP) por su principal accionista, el estadunidense Ira Rennert.

Fuentes gubernamentales admiten que DRP incumple compromisos de inversiones en el Programa de Adecuación y Manejo Medioambiental (PAMA). Pero en las últimas semanas, a la polémica en torno a la operación de esta empresa, varios conflictos, que incluyen reclamos laborales, empeoraron la crisis.

Acosada por los reclamos, La Oroya paralizó sus labores de fundición y refinería, en medio de un paro laboral en protesta por la falta de pagos, la defensa del trabajo y ante la demanda de reanudar actividades a más tardar el 27 de julio próximo.

El Ministro de Energía y Minas (MEM), Pedro Sánchez, ratificó la determinación del gobierno de no ceder a las presiones de DRP, que pretende -dijo- desconocer sus responsabilidades económicas, sociales y ambientales en La Oroya.

La DRP contrataca al argumentar que el gobierno central incumple a su vez los compromisos contractuales, en particular uno que data de 1997 y es prácticamente desconocido por los peruanos y que estipula la obligación de abatir los índices contaminantes del suelo.

El conflicto escala ante la parálisis de unos tres mil 500 empleados directos de La Oroya, la afectación indirecta de otras 16.500 personas y miles más a nivel regional.

En tanto, persisten las emanaciones de polvo y metales, entre ellos plomo, arsénico y cadmio, que salen de las chimeneas de la fundación y generan lluvias ácidas con el potencial de causar daños directos a la población.

Diversos estudios indican registros por altas concentraciones de plomo (20-24 miligramos por decilitro de sangre) en mujeres gestantes y hasta de 41.82 miligramos por decilitro en los niños.

Fuentes cercanas a la actividad de La Oroya indican que los relaves "contagian" las aguas del río Mantaro y sus afluentes, mientras que languidecen los cada vez más escasos campos de cultivo.

Estudiosos del fenómeno argumentan que los cálculos económicos -inversiones, impuestos y producción- han imperado sobre el interés público y ambiental en la zona, incluso desde los orígenes de La Oroya hace más de 90 años cuando se constituyó Cerro Pasco Corporation con capital estadunidense.

La expropiación en 1974 decretada por la dictadura militar y su privatización tres años más tarde tampoco cambiaron la historia, sostienen analistas.

Aun en estos momentos, los trabajadores de DRP presionan la reapertura del complejo antes que velar por el cumplimiento del PAMA.

En realidad, la contaminación de la zona es vista por los trabajadores como un tema que puede esperar.

La DRP quedó al margen de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), por incumplir con el PAMA, adeudar a sus proveedores más de 110 millones de dólares y tener pendientes el pago de tributos al Estado por 700 millones de nuevos soles, unos 233 millones de dólares.

A esto se añade una deuda con su principal accionista, Ira Rennert, por más de 100 millones de dólares.

El gobierno de Alan García mantiene un ultimátum para la reanudación de las labores del complejo metalúrgico, pero la DRP ha pedido una nueva ampliación del plazo para invertir un de 170 millones de dólares en el PAMA. Otra demanda establece una revisión de los impuestos ante la Superintendencia Nacional de Tributos (Sunat), incluyendo una prórroga para el pago de adeudos.

Lo que es cierto es que sin un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la DRP antes del 27 de julio, García tendría que elegir entre reubicar a los trabajadores directos en otros centros mineros o ejecutar programas de reconversión laboral. Las dos alternativas son desde ahora rechazadas por los trabajadores, que rehusarán casi seguramente alternativas como la producción agrícola, pecuarias, artesanal o incluso comercial.

A esta intrincada problemática se agrega una previsión del recién estrenado Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos sobre la protección de inversiones, un recurso al que eventualmente apelaría la DRP para evitar cualquier decisión gubernamental que juzgara adversa. Pero también es cierto que la economía peruana debe parte de su crecimiento los últimos años al "boom" minero. Más del 60 por ciento de las exportaciones de este país derivan del sector minero. Fin

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