El gobierno regional de Sao Paulo, el estado más importante de Brasil, puso hoy en marcha una revolucionaria política de combate al cambio climático, mucho más ambiciosa que la del gobierno central del país y más rigurosa que la propuesta por el Protocolo de Kyoto.

El decreto que reglamenta la Política Regional de Cambios Climáticos fue suscrito el viernes por el gobernador de Sao Paulo, Alberto Goldman, y entró en vigor este lunes, tras su publicación en el Diario Oficial.

La ley se propone como meta para el 2020 la reducción del 20 por ciento de las emisiones de gases causantes del efecto invernadero de Sao Paulo, el estado más poblado, industrializado y rico de Brasil.

La reducción tiene como punto de comparación las emisiones de 2005, por lo que la meta es cuatro veces más rigurosa que la aprobada por el Protocolo de Kyoto.

La legislación abarca todos los sectores de la economía, desde el industrial, del que Sao Paulo es líder como sede del mayor parque industrial de Latinoamérica, hasta el agrícola, en el que el estado también es importante protagonista como principal productor nacional de productos como caña de azúcar y jugo de naranja.

El decreto que entró en vigor prevé la creación del Consejo Regional de Cambios Climáticos, un órgano de carácter consultivo y en el que tendrán participación representantes del gobierno regional, de las administraciones municipales y de la sociedad civil.

El Consejo podrá convocar audiencias públicas para debatir asuntos vinculados con los cambios climáticos y proponer medidas que permitan mitigar los problemas causados por el efecto invernadero.

La ley también prevé la creación de un comité gestor, que será responsable por vigilar el cumplimiento de las metas.

"Cada secretaría tendrá sus propias metas, responsabilidades y trabajos. Haremos una evaluación periódica para analizar la evolución de las metas", explicó hoy Goldman a la prensa.

El gobierno regional comenzará a divulgar a partir de este año un Inventario de los Gases del Efecto Invernadero del Estado de Sao Paulo, cuyos números servirán para avalar las metas propuestas por la legislación.

La ley ofrece incentivos a las empresas de energía, transporte y construcción, entre otras, que adopten proyectos para promover una "economía verde" y reducir sus emisiones de gases.

Igualmente, la norma establece un subsidio a ser pagado a los productores rurales que protejan las fuentes de agua en sus propiedades por un periodo de cinco años. Fin