Con un despliegue de 2.000 policías y 500 soldados, el gobierno peruano mantuvo hoy el control en la vital Carretera Central, amenazada con bloqueos esporádicos por trabajadores en huelga de la minera estadounidense Doe Run.

Propiedad del millonario estadounidense Ira Rennert, Doe Run Perú terminó por colmar la paciencia del gobierno peruano la semana anterior.

De manera inesperada, planteó un nuevo grupo de exigencias como condición para reiniciar sus operaciones en su planta metalúrgica y una mina en la provincia de La Oroya (Junín), suspendidas desde 2009, con un alto costo social debido a que perjudica a 3.500 trabajadores.

Las nuevas demandas de la minera ocasionaron el rompimiento de las conversaciones con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) que las calificó como "chantajistas e inaceptables".

Este lunes, el presidente Alan García respaldó al ministro del MEM, Pedro Sánchez. Horas después hizo lo propio el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén.

El presidente García anunció que su gobierno será inflexible en hacer respetar los plazos otorgados a la empresa norteamericana. "Si no cumple con sus obligaciones tributarias y compromisos ambientales hasta el 24 de julio será cerrada", puntualizó.

Añadió que dicha empresa ha recibido demasiadas "gollerías y excepciones".

Luego instó a los trabajadores de la minera a no caer en el juego de la empresa, que pretende "chantajear" al gobierno para incumplir sus compromisos y no solucionar el grave problema de contaminación ambiental en La Oroya.

Según el presidente peruano, Doe Run es una empresa que ha "sorprendido" al país, al haber logrado postergar en varias ocasiones sus plazos.

"Durante largo tiempo, con la amenaza de cerrar, movilizaba a los trabajadores para bloquear la Carretera Central y, de esa manera, obtener del Gobierno más facilidades y extensiones y no cumplir nunca con esto; durante muchos años se ha manejado así, pero esto debe terminar de una buena vez", afirmó.

García resaltó que otras empresas como Southern Perú han invertido más de 500 millones de dólares para no contaminar el medio ambiente.

El primer ministro Javier Velásquez informó que Doe Run adeuda al estado peruano 760 millones de nuevos soles (266 millones de dólares) en tributos y que pretende refinanciar a razón de "un millón año".

"¿Se imaginan en cuántos años quieren pagar sus tributos?", se preguntó el lunes ante los reporteros.

Las nuevas exigencias de la empresa incluyen revisar el contrato de 1997 a fin de dar seguridades jurídicas a los socios, de modo que éstos no sean procesados en otros países por delitos ambientales, así como postergar el cumplimiento de medidas ambientales.

En diálogo con una radio local, el director de Asuntos Ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, argumentó que los nuevos inversionistas exigen las condiciones ya señaladas.

Aseguró que la huelga de los trabajadores perjudicó "el diálogo abierto" que la empresa y el gobierno venían desarrollando y que ahora "se están viendo perjudicadas".

"Las cosas ya están bastante avanzadas", reiteró Mogrovejo y aludió al gobierno al señalar que "no es el momento para detener las conversaciones porque en algunas cosas ya hay un entendimiento...".

Por su parte, el secretario general del Sindicato de trabajadores de Doe Run, Royberto Guzmán, dijo la noche del lunes que continúa la huelga indefinida "contra la empresa".

Comentó que la principal exigencia es que la empresa reinicie cuanto antes las operaciones. En su opinión, Doe Run "está poniendo inconvenientes y parece que no tiene interés de solucionar el problema" por lo cual pidió al gobierno a "poner mano dura".

La noche del lunes, la ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, comentó que le resultaba repudiable que un problema entre una empresa privada y sus trabajadores terminara perjudicando a la economía nacional y la ciudadanía en su derecho de transitar libremente por las vías.

El tránsito en la Carretera Central volvió a la normalidad al finalizar la tarde. Fin

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