BEIJING, 20 mayo (SPANISH.CHINA.ORG.CN/Agencias) - Una semana después de que Los Ángeles adoptara la decisión de boicotear a Arizona por su recientemente aprobada ley de inmigración, Gary Pierce, uno de los comisionados de la Comisión de Corporaciones Arizona y responsable de la gestión de empresas de servicio público, ha enviado una carta al alcalde de la ciudad, Antonio Villaraigosa, en la que amenaza con suspender el suministro eléctrico a la misma si ésta no reconsidera su decisión.

Pierce, que aseguró hablar en nombre propio y no de toda la comisión, declaró que "si el boicot económico es lo que realmente desean, entonces con mucho gusto alentaré a las empresas de servicio público de Arizona a renegociar sus acuerdos sobre energía de manera que Los Ángeles ya no reciba energía procedente de los generadores de Arizona”, añadiendo que Arizona puede “combatir el boicot con otro boicot, ya que el 25 por ciento de la electricidad de Los Ángeles proviene de sus centrales eléctricas”.

El pasado miércoles, el ayuntamiento de Los Ángeles votó 13 contra uno a favor de prohibir futuros negocios con Arizona, lo que incluye la suspensión de todos los viajes a Arizona por negocios y abstenerse de participar en contratos con compañías con sede en Arizona cuando esto resulte legalmente posible, además de la revisión y finalización cuando sea posible de los contratos vigentes en la actualidad. En total, el boicot podría afectar a 56 millones de dólares en inversiones vinculadas con Arizona.

Los Ángeles es una de las primeras ciudades del país en iniciar un boicot contra Arizona, mientras que otras ciudades están considerando medidas similares. Villaraigosa ha expresado su apoyo al boicot, esperando que sea efectivo para rescindir la ley, que tras su aprobación el pasado 23 de abril ha sido uno de los temas más calientes de la política interna estadounidense.

Quienes se oponen a la ley temen que la medida incremente la discriminación en base a perfiles raciales y el abuso de los derechos civiles. Varias organizaciones de derechos civiles, entre ellas la American Civil Liberties Union, presentaron el lunes una demanda federal colectiva, la cuarta presentada hasta el momento en relación a esta ley, en un intento por bloquear su puesta en marcha.

El presidente Barack Obama, que también se ha pronunciado en varias ocasiones contra la nueva ley, ha expresado nuevamente su descontento con la medida tras una reunión en Washington con el presidente mexicano Felipe Calderón, al que ha prometido supervisar la aplicación de la normativa “muy de cerca”, añadiendo que esto es necesario porque la ley podría tener implicaciones serias en materia de derechos civiles, ya que en Estados Unidos “ninguna persona debe ser objeto de sospecha simplemente por su aspecto”.

Calderón, por su parte, se mostró respetuoso con las políticas internas de Estados Unidos sin dejar de manifestar su abierto rechazo ante la discriminación que sufren los mexicanos en Arizona, y a la criminalización de la inmigración.