El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó hoy, en una ceremonia especial en el Palacio Quemado, una ley de lucha contra la corrupción dura, imprescriptible y retroactiva.

"Si nosotros aplicamos esta ley anticorrupción, seguramente nadie va a querer ser político, porque ya no se podrá robar como antes, por tanto, ya no se gana fácilmente. Ese es el futuro de los políticos en Bolivia, servir al pueblo", sentenció.

Morales defendió el principio de retroactividad de la norma destinada a evitar la apropiación por parte de particulares de entre 200 y 300 millones de dólares al año y a recuperar 10.000 millones de dólares dilapidados de las arcas públicas en las últimas cuatro décadas.

"Algunos organismos internacionales estaban un poco cuestionando el tema de la retroactividad de la ley. No así, para gente que roba, cómo no pues, no puede ser (la ley) sin retroactividad; la retroactividad está constitucionalizada", enfatizó.

A dos meses de asumir su segundo mandato, Morales puso en vigor la norma que, proyectada en 1997 y remozada una década más tarde, fue congelada por la oposición senatorial entre 2007 y 2009.

La ley anticorrupción, que lleva el nombre de un defensor social y los derechos públicos, Marcelo Quiroga Santa Cruz (1932-1982), se aplicará en cuanto sea publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia y busca recuperar fondos apropiados por particulares por cohecho grosero, desfalco y peculado. entre otras figuras penales.

El mandatario consideró que "es la única forma de recuperar, además, los bienes estatales. Por eso vamos a esperar a la comunidad internacional, para abordar sus cuestionamientos sobre la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas".

ERRADICAR LA CORRUPCION

El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, dijo que el objetivo de la ley eserradicar la corrupción en Bolivia.

La medida legal está contemplada en la nueva Constitución boliviana que habla de retroactividad en los delitos que generan daño económico al Estado. 

En los gobiernos anteriores, los funcionarios acusados de corrupción no fueron encarceladas, menos tuvieron un proceso, pese a la evidencia del enriquecimiento ilícito, pues luego de ser autoridades ostentan bienes millonarios y negocios lucrativos.

Arce dijo que la norma legal pretende ser modelo de las naciones del mundo para demostrar la voluntad de luchar contra el flagelo de la corrupción.

Uno de los aspectos que causó mayor controversia de la ley es, que al no prescribir los delitos, la norma ordena que los presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, prefectos, alcaldes y otros funcionarios que hubiesen cometido hechos de corrupción podrán ser enjuiciados, sin importar el tiempo en que cesaron en sus funciones.

Otro punto complejo de la nueva norma es que el Estado sólo necesitará demostrar que el acusado fue o es funcionario público y el demandado se encargará de probar su inocencia, es decir, deberá aclarar de dónde provienen sus bienes.

También destaca la retroactividad para la investigación y enjuiciamiento de los hechos de corrupción.

TIPOS DE DELITO

La Ley Anticorrupción estipula la clasificación de los delitos de corrupción y otros vinculados, y las penas fueron ampliadas.

El delito de uso indebido de bienes y servicios públicos será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años, mientras el anterior documento sólo establecía una pena de tres a ocho años.

El favorecimiento al enriquecimiento ilícito debía ser sancionado con presidio de tres a cinco años.

La Ley de Lucha contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz no se limitará a investigar sólo los casos sospechosos de actividades ilegales en los cuatro poderes del Estado, sino ampliarse a organizaciones privadas, sociales y hasta sindicales, si es que amerita, según el senador Issac Ávalos, afin al gobierno de Morales.

Con la nueva norma se creará nuevas instituciones como la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción, integrada por funcionarios gubernamentales, y el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, formado por representantes de organizaciones sociales definidas por el presidente de Bolivia mediante un decreto.

También transforma la Unidad de Investigaciones Financieras en la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, crea fiscales y policías anticorrupción y los obliga a obtener una certificación de una institución a cargo de la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción.

Las investigaciones sobre los hechos ilícitos podrán rastrear todas las actividades económicas, desde depósitos en el sistema financiero, hasta la compra de bienes o las actividades de los partidos políticos.

También se establece una pena de entre ocho y 12 años de cárcel para los autores de los delitos y la recuperación de los bienes del Estado apropiados incluso fuera del territorio nacional.

Se establecen medidas similares a la Ley de Sustancias Controladas 1008, como la incautación de bienes y activos ante un requerimiento fiscal.

También se activa la inscripción preventiva de los bienes hasta por 15 años. Los investigados no podrán escudarse en el secreto bancario o tributario para evitar la indagatoria.

Para los que denuncien los hechos de posible corrupción se establece la protección de su identidad y su familia.

Si el denunciante es una persona involucrada en el hecho, se plantea una reducción de hasta un tercio de su pena.

En caso de que la denuncia sea falsa, el denunciado tiene derecho a una disculpa pública y a una compensación económica.

También se sancionará a los funcionarios que usen bienes o funcionarios del Estado en tareas privadas y los conocidos como "palos blancos" que prestan o prestaron su nombre para legitimar las ganancias ilícitas de funcionarios públicos o personas que tuvieron contratos con el Estado.

En el caso de que los contratistas de obras públicas hayan pagado sobornos, también podrán ser encarcelados entre ocho y 12 años. 

Los que intenten obstruir las investigaciones sobre los hechos de corrupción pueden ir presos entre tres y cinco años y el Ministerio Público podrá abrir una investigación paralela sobre enriquecimiento ilícito aún si el juicio por corrupción no ha terminado.

La promulgación de la ley, la primera de su género en la economía jurídica y legislativa de Bolivia, que en 1999 se inscribió como el segundo país en el planeta con mayores índices de corrupción pública.

Se calcula que entre 1971, cuando Hugo Banzer asumió la presidencia por imperio de los fusiles, y 2005, cuando Morales sucedió al presidente transitorio Eduardo Rodríguez, los gastos reservados fueron por 5.000 millones de bolivianos, 750 millones de dólares, cuyo descargo desconoce hasta la Contraloría de Bolivia. Fin