Con el fin de elevar el prestigio y la credibilidad del Congreso chileno, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado han elaborado una propuesta para regular las asignaciones financieras de los legisladores, tras una serie de irregularidades divulgadas por la prensa.

En sendos reportajes sobre la labor de los diputados, el canal público Televisión Nacional y el Canal 13, de la Iglesia Católica denunciaron graves faltas como recibir asignaciones estatales sin justificar debidamente los gastos, la ausencia consuetudinaria a las sesiones de la Cámara y el voto doble o triple que hacen algunos de los presentes, entre otras.

"Nunca más ni un senador ni un diputado va a participar en el proceso de asignación de sus recursos", sentenció el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Alvarez, quien junto a su par del Senado, Jovino Novoa, dio a conocer hoy la anunciada Agenda de Modernización del Congreso.

Además de la falta de control y fiscalización del dinero que reciben los legisladores, quienes por sí mismos definen gran parte de sus gastos, sin límites específicos, se verificó que los reglamentos internos de ambas cámaras son inoperantes y nadie los cumple.

En un país que el salario mínimo es de unos 280 dólares, los 120 diputados chilenos reciben un salario cada uno de 17.886 dólares al mes, de los que unos 7.414 dólares corresponden a su remuneración líquida, de libre disponibilidad y descontados impuestos, seguridad social y atención de salud.

Los 38 senadores, por su parte, cuentan con 17.568 dólares de remuneración líquida, además de unos 14.000 para gastos de oficinas y la contratación de su personal.

Todos los legisladores reciben, además, pasajes en avión no sólo para ellos, sino también para otras tres personas cada mes, aunque no los necesite para su trabajo.

Uno de los imputados es el diputado Maximiliano Errázuriz, del derechista partido Renovación Nacional, quien debió renunciar y no podrá postular en los comicios de diciembre próximo porque recibió más de 60 mil dólares para justificar el arriendo de oficinas en su distrito, donde no contaba con ninguna sede.

Hay otros legisladores cuestionados por la falta de transparencia de sus gastos.

Alvarez aclaró que muchas de las normas propuestas se podrán poner en aplicación "muy rápido" y que la Cámara de Diputados "sí o sí publicará la nómina de los asesores parlamentarios y el monto de sus remuneraciones, cuando tengamos la ley".

Por lo pronto, se anunciaron ocho reformas, entre ellas, la creación de un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que deberá determinar las asignaciones para cada período legislativo, y que estará compuesto por personal calificado que no esté relacionado con los parlamentarios.

En segundo término, se propone que las resoluciones del consejo resolutivo y los reglamentos que establezcan las cámaras sean publicados en los sitios de Internet de ambas corporaciones. También se plantea crear un Comité de Auditoria Parlamentaria, que se encargue de auditar los gastos relativos a la labor parlamentaria y los respectivos comités.

Otro aspecto relevante es que las declaraciones de intereses y patrimoniales de todos los parlamentarios, además de presentarse al inicio del periodo, deberán actualizarse cada cierto tiempo establecido por reglamento.

En la Ley Orgánica consagrará la creación de un "procedimiento de transparencia pasiva", con la obligatoriedad de que los reglamentos de cada cámara contemplen la existencia de una Comisión de Ética o Conductas Parlamentarias y Transparencia.

Asimismo, se propone dotar de personalidad jurídica a los comités parlamentarios y facultarlos para la contratación de personal, bienes y servicios.

Por último, se ha propuesto que ambas corporaciones presenten cada año el contenido de sus presupuestos con mayor detalle y contenido, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto.

Los hechos denunciados han afectado la imagen del Congreso ante los ojos de los ciudadanos, que ven cómo los parlamentarios actúan sin la disciplina que deben observar y cometen delitos que a cualquiera persona común la llevaría a la cárcel, malversando dinero que es aportado por todos los chilenos.

Junto a ello, el accionar de los partidos con divisiones internas y la falta de propuestas ante los problemas del país, ha generado una creciente indiferencia entre la gente por la política. El mejor ejemplo lo constituye el hecho de que unos 3 millones de personas entre 18 y 30 años no se han inscrito para votar.

De alguna manera, esta deplorable situación se reflejará en los comicios presidenciales y parlamentarios del próximo 13 de diciembre, donde la gobernante Concertación intentará mantener el poder, la derecha espera reconquistarlo tras 51 años sin haber elegido un presidente y fuerzas progresistas buscan cambiar la forma de hacer política en Chile. Fin