El máximo órgano legislativo chino ha ratificado ayer en la capital un tratado de extradición entre China y España, el primero de su tipo suscrito con un país desarrollado, según el cual China no aplicará la pena capital a los criminales repatriados por el país europeo.

Según expertos jurídicos, la ratificación de dicho pacto supone un símbolo de que China se ha comprometido a no realizar extradición a sospechosos criminales que se enfrentarían a la pena de muerte tras su repatriación, el principio respetado por la mayoría de los países desarrollados occidentales.

El documento judicial realiza también un cambio importante por parte de China sobre la táctica en la extradición de los funcionarios corruptos fugitivos para someterles a juicio bajo su propia jurisdicción legal, destacó Xu Hong, consejero del departamento de tratados y leyes subordinado al Ministerio de Relaciones Exteriores, en una entrevista exclusiva con la agencia de noticias Xinhua.

"El tratado suscrito con España ayudará a China a tejer una red global de extradición para extraditar a los funcionarios corruptos que han huido al extranjero, en su mayoría a países desarrollados en Europa y América del Norte, para buscar refugios", señaló Xu, también jefe de la delegación china para las negociaciones sobre el tratado con España.

Wu Dawei, viceministro chino de Relaciones Exteriores, afirmó, en un informe presentado a comienzos de esta semana al Comité Permanente de la X Asamblea Popular Nacional (APN, máximo órgano legislativo de China), que España es un país importante en la Unión Europea, y el tratado emitirá efectivamente una advertencia clara a los funcionarios corruptos refugiados en el extranjero.

La suscripción del pacto de extradición con España promoverá la cooperación judicial de China con otros países occidentales, precisó Wu.

Con el rápido desarrollo económico durante los últimos años, los crímenes como el soborno y malversación de fondos públicos han aumentado entre funcionarios gubernamentales chinos, y un gran número de corruptos han huído del país tras apropiarse de enormes fondos ilegales.

Según los datos oficiales, desde 1993 hasta el enero de 2005, más de 230 sospechosos criminales chinos han sido repatriados desde más de 30 países y regiones, con la ayuda de Interpol ( Organización Internacional de Policía Criminal). Pero según observadores, dicha cifra sólo forma una pequeña parte de aquellos sospechosos que buscan refugios en el extranjero.

Desde 1993, China ha firmado tratados de extradición con más de 20 países en vías de desarrollo, entre otros, Tailandia, Bielorrusia, Sudáfrica y Laos. Pero "las negociaciones con países desarrollados no han logrado mucho avance", señaló Xu.

Los observadores explicaron que la ejecución de la pena de muerte en China, especialmente a graves criminales económicos, ha hecho difícil su cooperación en la extradición con los países de la Unión Europea y de América del Norte, donde la ley prohíbe la extradición de personas que sean objeto de la pena capital.

Por lo que estos países, según Xu, nunca firmarán un tratado de extradición con China a menos que ésta acepte la política sobre la pena de muerte.

"La Constitución de España no reconoce la pena de muerte", destacó a Xinhua Gregorio Laso, Consejero de Información y Prensa de la Embajada de España en Beijing, quien señaló que la firma del tratado de extradición muestra la confianza y respeto mutuos, y la cooperación judicial en el marco de la asociación de cooperación estratégica en todos los aspectos entre España y China, aunque ambas naciones tienen una diferencia del sistema legal.

Según Laso, el acuerdo es positivo para el desarrollo de las relaciones bilaterales, ya que se abre un nuevo período de cooperación en materia de justicia. Además, el Ministerio del Interior español ha creado este mes una consejería especial en la embajada, que se encarga de las cuestiones judiciales entre ambos países, incluyendo la extradición.

China y España suscribieron el pacto de extradición el pasado 14 de noviembre de 2005 en Madrid, durante la visita del presidente chino, Hu Jintao, al reino español. Según la ley china, el documento entrará en vigor después de la ratificación de la APN.

(30/04/2006, CIIC)