El gobierno venezolano, en conjunto con diversos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), continúa reforzando acciones para erradicar el contrabando de extracción en la frontera colombo-venezolana.

En declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza informó hoy sobre un nuevo decomiso de 63.000 litros de combustible y 10 toneladas de alimentos y medicinas.

Los objetos iban a ser trasladados desde el pueblo fronterizo de Molinete, ubicado en el municipio La Guajira del Estado Zulia, hacia territorio colombiano.

Las incautaciones se realizaron específicamente en 20 viviendas cercanas al Río El Limón, que funcionaban como centros ilegales de acopio.

Arreaza calificó de "irreversible" la lucha contra el contrabando, y aseguró que se blindará la alimentación y la salud de los venezolanos.

También detalló que el nuevo destino de estas mercancías serán las redes de distribución pública y estatal, con el fin de hacerlas llegar a la población. "Ahora vamos a vender esto a las redes formales, al pueblo y al precio justo", expresó el funcionario.

El vicepresidente ejecutivo reiteró el anuncio efectuado previamente por el presidente Nicolás Maduro, que refiere la emisión en Gaceta Oficial, el próximo lunes, de un decreto que permitirá imponer penas hacia los servidores públicos involucrados en la exportación ilegal de productos básicos.

En el operativo también participó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, mayor general Vladimir Padrino López, quien indicó que pese a la existencia de centros de acopio en los estados fronterizos, el principal problema está en las grandes ciudades, donde prevalece el "bachaqueo" en muchos depósitos industriales.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello Rondón, se refirió al nuevo decreto jurídico, el cual plantea sentencias de entre 10 y 14 años de prisión por delitos relacionados con la actividad extractiva.

Cabello destacó la importancia de supervisar la dinámica de algunas empresas empaquetadoras de alimentos que colaboran con el suministro ilegal de mercancías a grupos de "bachaqueros".

Aseguró, además, que a esta labor deben integrarse todos los componentes del Estado venezolano, entre ellos la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Además, la máxima autoridad parlamentaria informó que ya han sido instaladas nueve comisiones estadales en los respectivos estados fronterizos, que posibilitarán hacer seguimiento a todas las operaciones que se generan desde la FANB para hacer frente al contrabando.

Más temprano, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza manifestó a través de su cuenta virtual, su pesar por el fallecimiento del oficial del Ejército, Raúl Bracho, asesinado la madrugada del sábado por presuntas mafias del contrabando en la entidad zuliana, mientras trabajaba en los operativos.

En este sentido, Arreaza expresó que, en homenaje a la labor del funcionario, la FANB y el Gobierno profundizarán la lucha contra el contrabando. Asimismo, señaló que las autoridades competentes adelantan las investigaciones en torno al suceso.

"Ayer, cumpliendo su deber murió. Se están investigando todas las circunstancias", manifestó el vicepresidente.

Cabe destacar que desde febrero pasado, el Poder Judicial venezolano ha logrado detener a 624 personas por delitos de contrabando extractivo, especulación, usura, acaparamiento y otros ilícitos relacionados al truncamiento de la capacidad adquisitiva de la población venezolana.

Estas acciones se desarrollan paralelamente al Plan de Choque Especial contra el Contrabando, iniciado el pasado 11 de agosto, y el cual contempla entre otras medidas, el cierre temporal de la frontera colombo-venezolana en horas nocturnas. F

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