Cuba tendría en 2015 una nueva Ley de Empresa Estatal, con el propósito de establecer un ambiente de gestión empresarial único para todas las compañías del país dentro del proceso de "actualización" de su modelo económico.

"Se está creando un lenguaje único a nivel empresarial", expresó Grisel Tristá Arbesú, jefa del Area de Perfeccionamiento de Entidades de la gubernamental Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo.

Durante una intervención en la televisión local hace dos días, Tristá Arbesú apuntó que se trabaja en esa legislación, a raíz de las nuevas normas que inciden en los cambios de la empresa estatal socialista en la isla.

El propósito de estas normativas, divulgadas el pasado 28 de abril, es otorgar "más independencia y autonomía" al grupo de firmas del Estado, para que estén en condiciones de "ocupar el verdadero papel que le corresponde" en el desarrollo de la economía nacional.

La Gaceta Oficial de la República de Cuba en su edición extraordinaria No. 21 publicó los cambios en pos de separar las funciones estatales de las empresariales.

Entre los cambios más importantes resalta que, en el transcurso del año, las cerca de 2.500 empresas estatales podrán, luego de cumplir con el encargo estatal, "comercializar sus excedentes o inejecuciones al precio que fije la relación entre la oferta y la demanda".

Los salarios ahora serán fijados por las empresas en función de su productividad y ganancias, en tanto las utilidades podrán ser distribuidas entre los trabajadores como estímulo, siempre que los resultados de las auditorías financieras sean aceptables y no se deteriore la productividad.

Las empresas "podrán retener hasta el 50 por ciento de las utilidades después del impuesto al cierre del año", un 20 por ciento más de lo establecido hasta ahora.

Tristá Arbesú afirmó que las facultades de más independencia y autonomía dadas a las empresas estatales se van consolidando con respaldo jurídico y un impacto gradual y directo en las compañías.

Precisó, no obstante, que este es un proceso "gradual" que "aumenta la responsabilidad" de los empresarios, quienes hasta ahora estaban más acostumbrados a administrar recursos que a tener iniciativas pues estas eran orientadas por los respectivos ministerios.

El 90 por ciento de la economía de Cuba estaba controlada por el Estado hasta el año 2008 y casi toda la fuerza laboral calculada en unos 5 millones de trabajadores eran empleados estatales.

A partir de ese año, el presidente Raúl Castro comenzó a implementar diversas medidas económicas y sociales, como la reducción de las "abultadas" plantillas estatales y la desregulación de pequeños servicios minoristas, para incentivar la producción y la eficiencia.

La autonomía de las empresas estatales marcó el inicio de la fase "más compleja" de las transformaciones económicas en Cuba, que incluye la nueva Ley de Inversión Extranjera, la consolidación de las cooperativas urbanas, la creación de mercados mayoristas y la eliminación de la dualidad monetaria (actualmente circulan el peso cubano y la moneda CUC equivalente al dólar).

El gobierno sostiene que la empresa estatal seguirá siendo el eslabón más importante del modelo socialista cubano, pero con un rol diferente que implica más eficiencia y competitividad y nuevos métodos de utilización de los recursos. F