Los cubanos que laboran en restaurantes y cafeterías estatales podrán arrendar esos establecimientos a partir del próximo 1 de diciembre, como parte de las medidas que impulsa el gobierno para reactivar la economía de la isla.

La medida incluye a las 1.183 unidades gastronómicas estatales en todo el país donde laboran hasta cinco trabajadores que representan el 14 por ciento del total de la red de locales de este tipo.

Su aplicación comenzará por las provincias de Artemisa (occidente), Villa Clara y Ciego de Avila (centro), en locales de uno y dos empleados.

Cuando se compruebe la eficiencia de este sistema se ampliará de manera gradual al resto de los locales.

El contrato de arrendamiento podrá ser firmado por un término de hasta 10 años, prorrogable por acuerdo entre las partes y sin posibilidad de subarrendar a terceros.

Está previsto que las empresas municipales de comercio suministren tabaco, cigarro y ron a los trabajadores de los locales arrendados, por un precio de venta minorista con un descuento para que puedan mantener el precio actual a la población.

El nuevo modelo de gestión, además de constituir una fuente de trabajo alternativa, pretende estimular la calidad de los servicios en la gastronomía, expresó la viceministra de Comercio Interior, Ada Chávez Oviedo.

Los inmuebles arrendados --explicó la funcionaria-- se mantendrán como propiedad del Estado, mientras que los gastos en mantenimiento y reparaciones, así como el pago por los servicios de electricidad, agua y telefonía, serán asumidos por los empleados.

Según la normativa, para esos trabajadores estatales que pasen ahora al "trabajo por cuenta propia" (autoempleo) regirá el sistema tributario que se aplica al resto de los empleados privados en el país.

El Ejecutivo aprobó 178 categorías de autoempleo, que luego amplió a 181, con el propósito de buscar "nuevas formas de trabajo" tras la decisión de disminuir los puestos de labor estatales como parte de los cambios para "actualizar" el modelo económico socialista de la isla.

Las facilidades de alquilar establecimientos estatales a los llamados "cuentapropistas" comenzó en abril de 2010, cuando el gobierno del presidente Raúl Castro inició la prueba en una decena de barberías y peluquerías, cuyos empleados ahora las administran y deciden precios y horarios.

Los barberos y peluqueros de salones pequeños pagan al Estado una renta de los locales --incluyendo luz y agua--, adquieren sus propios insumos (champú, máquinas, cuchillas, talco, etc.), están a cargo del mantenimiento y ambientación de los inmuebles y pagan un impuesto.

La experiencia fue bien evaluada por las autoridades, que resolvieron extender el sistema a otros servicios con el objetivo de reducir la abultada plantilla del Estado y fomentar la eficiencia en el modelo económico vigente en la isla desde hace medio siglo.

En diciembre último, la medida alcanzó a los cubanos que realizan trabajos manuales, como carpinteros, relojeros, zapateros, cerrajeros, tapiceros, amoladores, joyeros y fotógrafos, entre otros.

Cuba prevé engrosar los trabajadores "no estatales" (privados y cooperativistas) en 240.000 durante 2012, lo que sumado a los registrados al cierre de 2011 sumarían unos 600.000. Fi