MONTEVIDEO, 10 jul (Xinhua) -- El secretario de la Presidencia de Uruguay, Miguel Angel Toma, rechazó hoy las críticas del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, sobre una supuesta omisión del Estado uruguayo en la defensa durante el juicio en Roma contra los represores del Plan Cóndor.

Toma criticó la defensa realizada en la primera instancia en el juicio en la administración anterior, y aseguró que este gobierno aportó información "relevante" y "válida" para condenar y confirmar la participación del represor uruguayo, Jorge Tróccoli.

"Cuando nosotros en primera instancia advertimos que el abogado que había sido contratado por el ex canciller Luis Almagro, había presentado pruebas con carencias muy poderosas, relevamos al abogado y pusimos otro", dijo Toma a la radiodifusora local Sarandí.

Almagro, quien fue canciller en el gobierno del presidente uruguayo, José Mujica (2010-2015), declaró a la radiodifusora local Carve que el Estado uruguayo incurrió en una "omisión por demás grave", al no apelar la sentencia de primera instancia y al presentar pruebas "redundantes".

El Tribunal de Apelación de Roma condenó el lunes a cadena perpetua a 27 militares y funcionarios de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú, acusados de la muerte y desaparición de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor, el plan represivo de los gobiernos militares del Cono Sur en la década de los 70 del siglo anterior.

Entre los imputados hay 14 uruguayos, incluidos el ex canciller Juan Carlos Blanco, y los ex represores Tróccoli y José Nino Gavazzo.

Según Toma, "Almagro está un poco mal. No sé qué le pasa, pero además lleva consigo una enorme responsabilidad porque en su administración contrató a un profesional que se dedicó a atacar a los propios testigos uruguayos".

Puso como ejemplo el caso de la ex fiscal Mirtha Guianze, quien "sufrió el ataque del abogado de Uruguay porque presentó una prueba que estaba mutilada, no estaba traducida. Le pesa mucho a Almagro y la primera reacción es atacar".

"A la Justicia también hay que ayudarla, para que llegue, tiene que llevarle la prueba", reflexionó el funcionario del gobierno del presidente Tabaré Vázquez.

Según la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dependiente de la Presidencia de Uruguay, durante el régimen cívico-militar hubo 192 desaparecidos a manos de la represión pero sólo se identificaron cuatro cuerpos.

Desde que accedió el izquierdista Frente Amplio (FA) al gobierno nacional en 2005, la justicia lleva procesados, gracias a excepciones a la ley de impunidad ratificada en dos referéndum, a una veintena de militares y policías por la represión ilegal, entre ellos, dos ex gobernantes de facto por delitos de "desaparición forzada". Fin