La Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia anunció hoy el inicio de acciones legales y disciplinarias contra los jueces que favorecieron con un amparo constitucional al ciudadano Martín Antonio Belaunde Lossio, requerido por la justicia peruana.

"Se promoverán ante el Ministerio Publico, las acciones penales correspondientes por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, incumplimiento de deberes y otros, sin perjuicio de exigir al Consejo de la Magistratura, las sanciones disciplinarias que correspondan", señala un comunicado oficial de la Conare distribuido a los medios de prensa por la Cancillería de Bolivia.

El amparo constitucional favorable a Belaunde otorgado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 27 de marzo, le devuelve la protección de refugiado provisional hasta que defina una nueva resolución.

Según el abogado del empresario peruano Jorge Valda, el Tribunal dejó sin efecto las dos resoluciones dictadas porque consideró que Conare no cumplió con el debido proceso en lo referido a la valoración de la prueba presentada por Belaunde para conseguir su refugio en Bolivia.

Además el comunicado de la Conare señala que esa decisión se constituye en ilegal y en franca usurpación de funciones en un Tribunal de tercera instancia.

"No solo se afectó sensiblemente la institucionalidad, solvencia y prestigio de la Conare Bolivia, obtenida después de más de 30 años de arduo trabajo y coordinación constante con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), además se desacreditó y desnaturalizó su genuino rol, alterando intencionalmente su ámbito legítimo de atribuciones", señala.

A decir de la entidad, se pusieron en tela de juicio casi 1.000 fallos dictados por la Conare a la fecha, dejando en la incertidumbre a igual número de personas beneficiarias de la condición de refugiados.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, anunció el inicio de "procesos legales" contra magistrados de la Sala Penal Primera por haber afectado los intereses del Estado al anular resoluciones de la Conare, que negó estatus de "perseguido político" al empresario peruano Martín Belaúnde.

A su juicio, los magistrados deberían emplazar al empresario peruano a que aporte pruebas de que es perseguido político, como él denunció, para que Bolivia le otorgue la condición de refugiado, pero a la inversa los juristas exigieron mayor fundamentación a la Conare.

Belaunde presentó el 21 de marzo un amparo constitucional en contra de la resolución de rechazo definitivo de refugio, emitida el 11 de marzo por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).

Además entregó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "por persecución y faltas al debido proceso" en su país.

El TSJ boliviano determinó el jueves 19 de marzo ampliar la detención domiciliaria del empresario peruano Martín Belaunde, en una casa de la ciudad de La Paz, por 60 días.

Belaunde guarda detención en un domicilio de la zona Bajo Llojeta de La Paz, desde el 21 de enero, a solicitud de Perú que exigió esa medida preventiva mientras dure el trámite de extradición.

El 11 de marzo, la Conare de Bolivia negó de forma definitiva, el pedido de refugio solicitado por Belaunde Lossio, requerido por la justicia peruana quien había alegado ser un perseguido político en su país.

Belaunde ingresó a Bolivia el pasado 1 de diciembre por Desaguadero, se trasladó a Santa Cruz (este) y retornó a La Paz (oeste) para comparecer ante la Conare. Su primera solicitud de refugio fue denegada, apeló en segunda instancia y el resultado fue el mismo.

Actualmente, el ex asesor de presidente Humala, cumple detención domiciliaria, con fines de extradición, está en una vivienda de la ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano.

El peruano tiene dos causas judiciales abiertas, por los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en los casos 'La Centralita' y 'Antalsis'. F

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