Las autoridades de la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, enviarán este año a 10.000 graduados universitarios desempleados a provincias y ciudades del interior del país para que asistan a cursos de formación profesional.

El programa fue lanzado por el gobierno regional el año pasado, beneficiando a 12.000 personas.

Este año, los integrantes del segundo grupo, que en su mayoría se licenciaron en 2010 y 2011, partirán en marzo y abril de Xinjiang para participar en el programa de formación, de dos años de duración, informó el gobierno regional en un informe.

Aquellos que aprueben el examen conseguirán trabajo cuando regresen a Xinjiang, pero también podrán optar por trabajar en una de 19 provincias y ciudades del interior de China, dice la nota.

Para acomodar a todos los aprendices cualificados, el gobierno regional creará 12.200 empleos, entre ellos 5.000 en empresas, 5.000 como profesores de enseñanza bilingüe y 2.200 en las agencias de seguridad social e instituciones médicas rurales.

Además, las autoridades locales han puesto en marcha un programa dedicado a crear 400.000 nuevos empleos en 2012 para garantizar que el 85 por ciento de graduados universitarios de este año encuentre trabajo.

En Xinjiang, una zona mayoritariamente desértica, el 40 por ciento de la población pertenece al grupo étnico uygur y la agricultura siempre ha sido el motor económico primordial, con lo que el desarrollo de las industrias y servicios ha quedado muy atrasado con respecto a otras regiones de China, limitando así las perspectivas de trabajo para los residentes locales.

Las autoridades de Xinjiang han concedido máxima prioridad a la creación de empleos en los últimos dos años, ya que consideran el trabajo regular remunerado como elemento crucial para ayudar a las familias uygures pobres a salir de la pobreza y evitar que los jóvenes recurran a actividades criminales para subsistir.

En julio de 2009, la capital regional de Urumqi fue escenario de los peores disturbios del país en las últimas décadas, que dejaron un saldo de 197 muertos y alrededor de 1.700 heridos.

Las autoridades locales acusaron a separatistas extranjeros de haber instigado los disturbios pero desde entonces se han comprometido a impulsar el desarrollo económico y la creación de trabajo en la región para mitigar la pobreza, la "raíz de los problemas". Fin