El máximo órgano legislativo chino adoptó el martes un borrador de enmienda a la ley que regula el sistema judicial del país, en el que se estipula que las condenas a muerte tendrán que conseguir la aprobación del Tribunal Popular Supremo de China.

La enmienda a la ley orgánica de tribunales populares del país, considerada la reforma más importante del sistema de aplicación de la pena capital de las últimas dos décadas, entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2007.

El borrador de enmienda ha retirado la decisión final sobre las condenas a muerte de los tribunales populares provinciales, para transferir estas competencias al Tribunal Popular Supremo, quien revisará y ratificará las condenas.

La nueva legislación separa la revisión de la sentencia a muerte de la apelación del veredicto. La primera pasará a manos del Tribunal Popular Supremo, mientras que la segunda permanecerá entre las competencias de los juzgados provinciales.

"La modificación supone un importante paso para impedir las condenas injustas", indicó Xiao Yang, presidente del Tribunal Popular Supremo, quien subrayó que la nueva normativa "también ofrecerá a los acusados otra oportunidad para expresar sus opiniones".

El Tribunal Popular Supremo contaba con la responsabilidad de la revisión de todos los casos de condenas a muerte hasta 1983, año en que se le concedió parte de la autoridad de revisión final a los tribunales provinciales, como medida para endurecer la acción contra delitos como homicidios, violaciones, robos y atentados con explosivos.

Los expertos consideran que la revisión contribuyó ampliamente a la reducción de la delincuencia en el país a mediados de los 80. Las cifras del Ministerio de Seguridad Pública de septiembre de 1984 muestran que el número de casos criminales entre enero y agosto de ese mismo año se redujo en un 31 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, la asunción de responsabilidad de los tribunales provinciales en la consideración de apelaciones contra las penas de muerte y en la reconsideración final ha sido ampliamente criticada por los errores cometidos.

Desde comienzos de 2005, los medios de comunicación chinos han revelado varios errores en la aplicación de sentencias a muerte, lo que ha elevado las protestas por la falta de precauciones a la hora de dictar las sentencias a pena capital.

De acuerdo con Chen Ruihua, profesor en la Universidad de Beijing, la revisión de 1983 ha supuesto una "supervisión insuficiente" de las condenas a muerte.

Chen considera que además los tribunales provinciales muestran distintas interpretaciones sobre qué crímenes merecen la pena capital. Este hecho ha supuesto que personas juzgadas en una provincia pudieran ser condenadas a muerte, mientras el mismo delito, en otra provincia, acarreara únicamente privación de libertad.

"La recuperación de las competencias para revisar y ratificar todas las sentencias a muerte y prevenir sentencias incorrectas se ha convertido en una cuestión urgente para el impulso de la reforma judicial en China, la salvaguardia de la consistencia legal y la promoción de la justicia en los tribunales", afirma Chen.

(01/11/2006, Agencia de Xinhua)