La lucha contra la confabulación de funcionarios del Partido Comunista de China (PCCh) y el gobierno con los grandes negocios debe ser reforzada, según Shao Daosheng, ex investigador especial de la Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh.

Más de 100 funcionarios a nivel provincial y ministerial del PCCh y del gobierno han sido investigados por corrupción y otros delitos relacionados desde que el actual Comité Central del PCCh fue elegido en el XVI Congreso Nacional en el año 2002, precisó Shao en entrevista con Xinhua.

"El número de altos funcionarios que fueron investigados y arrestados en los pasados cuatro años es el más alto en todo el período histórico del Partido", precisó.

Sólo el pasado año, nueve funcionarios de nivel provincial y ministerial fueron condenados y encarcelados por corrupción, seguró el presidente del Tribuna Supremo Popular, Xiao Yang, en su informe ante la actual sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN, parlamento).

Shao, quien ya se encuentra jubilado, comentó que la característica más destacada de los casos de corrupción fue que los funcionarios estaban confabulados con los empresarios y malversaron billones de yuanes.

Mencionó el escándalo de fondos de la seguridad social de Shanghai, el cual provocó la caída de Chen Liangyu, ex jefe del partido de esa ciudad, y de Qiu Xiaohua, ex jefe del Buró Nacional de Estadísticas, como casos típicos del abuso de poder y la colaboración ilegal con los hombres de negocios.

"Se ha confirmado que estos grupos de interés toman ventaja de la reforma de las empresas de propiedad estatal, los proyectos de reasentamiento urbanos y los de construcción a gran escala para su propio beneficio", explicó Shao, agregando que los mercados financieros y de valores también fueron fuentes para ese tipo de corrupción.

Sin embargo, "la corrupción de la tierra", encontrada con frecuencia en la industria estatal de bienes raíses y la aprobación de proyectos, fue la clave para que la batalla contra la corrupción fuera enprendida, añadió.

"Si la corrupción de tierras era abordado como un problema, el gobierno tendría doble de resultados con la mitad de los esfuerzos contra la corrupción", indicó.

En febrero pasado, el ministro de Construcción, Wang Guangtao, alertó respecto a que la industria estatal de bienes raíces se había convertido en un foco de los negocios de "poder por dinero", y explicó que "la industria tiene una abertura para prevenir y combatir la corrupción, en particular la confabulación entre los funcionarios gubernamentales y los negocios".

"La "corrupción de la tierra" permitió la caída del poder de altos funcionarios el pasado año, incluyendo a Li Baojin, ex procurador jefe municipal de Tianjin; He Minxu, vicegobernador de la provincia de Anhui, y Liu Zhihua, teniente alcalde de la municipalidad de Beijing.

El pasado año, 415 personas del sector de construcción fueron encontrados culpables de haber cometido faltas criminales al violar el código disciplinario del Partido Comunista. Cerca del 68 por ciento eran de los departamentos administrativos.

Entre enero y julio del pasado año, 1.608 casos de corrupción comercial involucró al sector de construcción, lo que representan el 26,3 por ciento del total de los casos de este tipo de corrupción en el país.

Al frenar la corrupción en el sector de bienes raíces y la aprobación de tierras para proyectos económicos, se podría hacer más eficiente el uso de la tierra, comentó Shao.

China tenía 1.950 millones de mu (130 millones de hectáreas) de tierras de cultivo en 1996, pero en 2005, el área se había disminuido en 121 millones de mu y llegaba a 1.830 millones.

Otra gran preocupación era que la corrupción afectara la vida de las personas comunes, particularmente la preocupación por los cuidados médicos, educación y el costo de las viviendas.

En 2006, un alto número de funcionarios de todos los departamentos gubernamentales fue puesto en la lista negra por el gobierno en su campaña contra la corrupción.

Un informe presentado por Jia Chunwang, fiscal general de la Fiscalía Suprema Popular de China, aseguró que en el año 2006 fueron investigados por supuestos actos de corrupción, sobornos y negligencia en sus responsabilidades a 40.041 empleados gubernamentales, de los cuales 29.966 fueron acusados.

El gobierno central intentó romper las alianzas entre los funcionarios y empresarios el pasado año mediante la renovación de los jefes de disciplina e inspección en 15 provincias y municipalidades.

Según Shao, el gobierno central debía monitorear y evaluar la labor de los funcionarios de disciplina inspección provinciales y ayudarlos a resolver los problemas locales.

(16/03/2007, Agencia de Xinhua)