El fiscal general chino afirmó ayer en Beijing que la actuación de los órganos fiscales chinos contribuyen a crear un entorno legal adecuado para el desarrollo social y económico del país.

En 2006 los órganos fiscales chinos aprobaron la detención de 891.620 sospechosos de diversos crímenes y procesaron a 999.086 personas.

"Hemos continuado otorgando prioridad al mantenimiento de la estabilidad social y la lucha contra la delincuencia", afirmó Jia Chunwang, fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema, en su informe sobre la labor del organismo el pasado año.

En su lucha contra el crimen organizado, los órganos fiscales emitieron un total de 18.446 órdenes de detención contra presuntos integrantes de grupos criminales organizados, de los que 8.343 fueron procesados, señaló Jia ante los cerca de 3.000 diputados reunidos en la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, máximo órgano legislativo chino.

De acuerdo con el fiscal general, el pasado año fueron investigados y condenados numerosos funcionarios públicos por servir como "paraguas de seguridad" para la violación de la legalidad, si bien Jia no ofreció datos concretos.

Los órganos fiscales también fortalecieron la protección legal de los derechos de propiedad intelectual el pasado año, mediante la aprobación de la detención de 3.729 personas sospechosas de violación de derechos de propiedad intelectual y el enjuiciamiento de 3.634, aumentos del 16,7 y el 12,6 por ciento respectivamente en relación con el año anterior.

Asimismo, los fiscales chinos aprobaron la detención de 7.974 personas sospechosas de dañar el medio ambiente y los recursos, y procesaron a 12.240, incrementos del 15,4 y el 24,8 por ciento respectivamente.

Según Jia, 40.041 empleados gubernamentales fueron investigados por los fiscales en 2006 acusados de corrupción, sobornos y omisión del deber, de los cuales 29.966 fueron llevados ante los tribunales.

Las autoridades fiscales investigaron 18.241 casos delictivos vinculados a posiciones de poder clave, de los que 623 elevan el volumen de capital malversado por encima del millón de yuanes (128. 000 dólares USA).

El pasado año, los órganos fiscales chinos investigaron a 2.736 funcionarios gubernamentales con rangos superiores al nivel de distrito, de los que 202 pertenecen al nivel de prefectura y seis al nivel provincial o ministerial.

En el informe sobre la actuación del Tribunal Popular Supremo (TPS) presentado ante la APN con antelación a la intervención de Jia, el presidente del TPS, Xiao Yang, señaló que los tribunales chinos condenaron a 825 responsables gubernamentales de nivel superior al de distrito, 9 de ellos de carácter provincial y ministerial, por delitos de cohecho.

Los órganos fiscales también colaboraron con la policía para la detención de 1.670 fugitivos sospechosos de corrupción el pasado año, un fuerte incremento interanual del 137,6 por ciento.

De igual modo, la lucha contra los sobornos comerciales fue intensificada en 2006, con la investigación de 9.582 casos de soborno comercial con participación de empleados gubernamentales, cuyo valor asciende a más de 1.500 millones de yuanes (190 millones de dólares USA).

Como resultado del fortalecimiento de la supervisión de los procesos judiciales, los órganos fiscales actuaron sobre casos de prolongación ilegal de la detención con 233 personas involucradas y presentaron 3.161 protestas contra veredictos judiciales erróneos.

"En total, 2.987 miembros del poder judicial fueron investigados por abusos de poder y aceptación de sobornos", subrayó Jia, quien concedió gran valor a la organización el pasado año de la primera conferencia anual de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA), celebrada en China el pasado mes de octubre.

(14/03/2007, Agencia de Xinhua)