China ha intensificado la lucha contra la corrupción de formas diversas y proyecta seguir trabajando en esta línea, según los informes presentados hoy por la Fiscalía Popular Suprema y el Tribunal Popular Supremo de China, en la actual sesión anual de la X Asamblea Popular Nacional (APN, parlamento).

En el informe, el fiscal general Jia Chunwang confirmó que once altos funcionarios fueron procesados el pasado año por corrupción, y un total de 2,960 empleados públicos de todo el país fueron investigados por delitos relacionados.

Los tribunales declararon culpables y sentenciaron a prisión a seis altos funcionarios a nivel provincial o ministerial, informó Xiao Yang, jefe de Justicia y presidente del Tribunal Popular Supremo.

Entre los funcionarios condenados se encuentran Tian Fengshan, ex ministro de Tierra y Recursos Naturales, Liu Fangren, ex secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China (PCCh) en Guizhou (suroeste), y Zhang Guogang, ex vicesecretario del Comité Provincial del PCCh en Hubei (norte), a penas de entre 11 años y cadena perpetua.

Según Xiao, los departamentos judiciales del país condenaron en todo a 772 funcionarios por delitos de corrupción y trataron 24,184 casos de corrupción de funcionarios gubernamentales en el año pasado.

A la par con el vigoroso aumento económico vivido en China en los últimos años, los frecuentes delitos de corrupción por parte de los funcionarios gubernamentales se han convertido un factor que podría perjudicar el sano desarrollo de este país asiático.

Una encuesta en línea realizada por el portal Xinhuanet.com sobre los posibles temas de gran envergadura en las actuales sesiones de la APN y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh, máximo órgano asesor), casi un cuarta parte de los 200,000 cibernautas consideraron "acabar con la corrupción" como uno de los tópicos de mayor interés.

Los líderes chinos han mostrado una gran preocupación sobre este particular.

"La corrupción daña los intereses del pueblo y el vínculo existente entre el Partido Comunista de China (PCCh) y la población, debilita la capacidad de gobernación del Partido, afecta la estabilidad social y perturba la situación general de reform, desarrollo y esabilidad", declaró Wen Jiabao en una reciente reunión del Consejo de Estado (gabinete).

Las autoridades han puesto en marcha en los últimos años una serie de medidas orientadas a frenar la corrupción y aumentar la confianza del pueblo en la gestión del gobierno.

El pasado año, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del PCCh trató un total de 166,705 casos de corrupción y sancionó a 170,850 miembros, entre ellos 16 oficiales con rango provincial o ministerial y 432 con rango igual o superior al nivel prefectoral.

También 345 fiscales, 461 jueces y 681 recaudadores de impuestos fueron procesados por recibir sobornos en el mismo período, lo que ayudó a crear un ambiente favorable dentro del combate contra la corrupción.

Además del consistente control sobre la corrupción, se prestó mayor atención a mejorar el sistema legal y a eliminar mal en una fase temprana.

"La severidad de la corrupción no debe ser descrita únicamente como la falta de principios morales de los funcionarios involucrados, sino también como fisuras en los mecanismos administrativos", expresó Li Peilin, subdirector del Instituto de Sociología subordinado a la Academia de Ciencias Sociales de China, durante una entrevista con Xinhua.

Como parte de esfuerzos por combatir la corrupción, el PCCh anunció en diciembre pasado un proyecto destinado a construir y desarrollar un sistema de sanción y prevención de la corrupción a través de la promoción de la educación, que incluirá regulaciones estrictas y una supervisión rigurosa.

Para luchar contra las crecientes fugas al exterior por parte de funcionarios y jefes de las empresas estatales, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del PCCh comenzó a registrar los planes de viaje y gastos diarios de funcionarios, así como la solicitud de trabajo de sus familiares y el destino de los parientes que van a estudiar al exterior, en varias localidades pilotos desde julio de 2004.

El fiscal general Jia explicó en su informe que las fiscalías a diversos niveles del país arrestaron el año pasado a 614 funcionarios implicados en delitos durante el desempeño de su trabajo y que huyeron al extranjero, algunos con enormes sumas de dinero.

Aunque el gobierno central no ha divulgado la cifra exacta de funcionarios corruptos que han escapado al exterior, un total de 596 fugitivos fueron capturados en 2003.

Como parte de otra campaña dirigida a combatir el juego, la atención se centró en funcionarios públicos que derrocharon fondos públicos en casinos de países vecinos.

Cai Haowen, ex funcionario de la Prefectura Autónoma de la Etnia Coreana de Yanbian, en la nororiental provincia china de Jilin, defalcó 2.76 millones de yuanes (332,530 millones de dólares USA) de su departamento y recibió sobornos por 750,000 yuanes (90,360 dólares) de varias compañías locales entre enero y noviembre de 2004.

Después de realizar 27 viaje a países vecinos donde derrochó todo el dinero en casinos locales, se dio a la fuga el 19 de noviembre de ese mismo año. Cai fue arrestado el mes pasado mientras viajaba en un tren en la parte continental de China.

Con el propósito de lograr una mayor eficiencia en el combate contra la corrupción, Zhou Honngyu, diputado de la APN, propuso la aprobación de una ley anticorrupción lo más pronto posible.

"Una ley anticorrupción específica y una red independiente antisoborno que informe directamente al parlamento constituirán una base legal para la lucha contra la corrupción", destacó Zhou, oriundo de la provincia central de Hubei.

"La lucha anticorrupción es todavía una tarea difícil", admitió el premier Wen durante su informe sobre la labor del gobierno, el sábado pasado.

(09/03/2005, Xinhua)