Además de mantener un incremento del ocho por ciento en su Producto Interno Bruto (PIB), el gobierno de China afronta una tarea aún más dura en 2005, el combate contra la creciente diferencia entre ricos y pobres, la corrupción y la desigualdad social, factores que generan el descontento de los ciudadanos chinos.

En su discurso durante la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN, parlamento), inaugurada el pasado sábado, el primer ministro chino, Wen Jiabao, destacó que se resolverán estos problemas para construir una "sociedad socialista armoniosa", objetivo planteado en el IV Plenario del XVI Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), celebrado en septiembre de 2004.

Una reciente encuesta realizada por la Academia de Ciencias Sociales de China entre 50,000 familias urbanas reveló que el 10 por ciento de las más ricas tiene ingresos per cápita anuales de 13,322 yuanes (1,600 dólares USA), mientras que el 10 por ciento de las más pobres apenas reciben 1,400 yuanes.

La diferencia también ha sido reflejada en las estadísticas divulgadas por el Programa de Desarrollo de la ONU, que muestran que el 20 por ciento de los habitantes más pobres en China sólo contaron con el 4.7 por ciento de los ingresos y el consumo del país en 2004, mientras que el 20 por ciento de los más adinerados acapararon la mitad.

Li Peilin, subdirector del Instituto de Sociología de la Academia, atribuyó la desigual distribución de bienes al excesivo suministro de mano de obra y las ganancias ilegales generadas por la corrupción.

El experto sugirió al gobierno reajustar sus políticas de finanzas, impuestos y bienestar social para solucionar el problema.

La injusta expropiación de tierras constituye otro factor de inestabilidad en las zonas rurales, pues los campesinos sólo obtienen del 5 al 10 por ciento del valor del suelo, mientras casi la mitad de la indemnización pagada por el gobierno va a manos de los contratistas de bienes inmobiliarios.

En las ciudades, los trabajadores de algunas empresas estatales expresaron su descontento sobre los directores, quienes se apoderaron de los activos estatales de manera irregular e ignoraron los beneficios de los empleados.

Mientras tanto, la corrupción y la impunidad de algunos funcionarios despertaron aún mayor indignación entre los ciudadanos.

En los últimos dos años, pocos funcionarios con rango provincial o ministerial fueron penalizados por malversación de fondos públicos o aceptar sobornos.

"La grave corrupción no se puede simplemente explicar como la baja moral de los funcionarios corruptos", señaló Li, quien agregó que "también existen fisuras en el mecanismo administrativo".

(07/03/2005, Xinhua)