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En la década de 1980, el gobierno
chino definió la protección medioambiental como una de las
políticas básicas del país. En 1984, se fundó la Comisión Estatal
de Protección Medioambiental, y en 1989 se promulgó la Ley de
Protección del Medio Ambiente, la primera de su tipo. Luego de la
Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
celebrada en 1992, China fue uno de los primeros países en elaborar
y poner en práctica la estrategia de desarrollo sostenible. En
1993, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la
RPCh fundó su Comisión de Medio Ambiente y Recursos. Hasta la
fecha, la Asamblea Popular Nacional y el gobierno de China han
hecho públicas 8 leyes de protección medioambiental, 14 leyes de
administración de recursos naturales y 35 normativas de protección
medioambiental de carácter jurídico, sobre cuya base los
departamentos encargados de la protección medioambiental han
adoptado más de 100 disposiciones de carácter nacional y más de
1.000 normativas de carácter local, referentes a este dominio. Con
ello se ha perfeccionando el sistema jurídico medioambiental.
Los problemas del medio ambiente
surgen y evolucionan día tras día por causa del acelerado
desarrollo económico y del modelo altamente consumista y
contaminante. El plan de desarrollo estatal, definido luego de
entrar en el siglo XXI, plantea que la aplicación de la estrategia
verde constituye una opción necesaria para el desarrollo sostenible
de la economía china. Esta estrategia abarca los siguientes puntos:
desarrollar una economía circulatoria, elevando los efectos del uso
de los recursos; desarrollar la producción limpia, rebajando los
costos de la contaminación en el proceso de producción; desarrollar
el consumo de productos naturales, reduciendo los daños al
ecosistema en el curso del consumo; explotar nuevos energéticos y
hacer realidad la superación radical del modo de producción y su
transición a una civilización industrial ecológica, propiciando un
ambiente ecológico donde coexistan en armonía hombre y
naturaleza.
China cambia radicalmente las
modalidades tradicionales de protección del medio ambiente, al
pasar de la toma de medidas en la etapa de terminación de una obra
a la adopción de medidas de supervisión y control durante todo el
proceso. La Ley de Fomento de la Producción Limpia entró en vigor
el 1 de enero de 2003 y la Ley de Evaluación de los Efectos
Medioambientales, el 1 de septiembre del mismo año. Ambas leyes
proporcionan garantía a este cambio. La primera exige controles en
todos los eslabones de la producción, desde el diseño de la
producción, la selección y uso de energéticos, las materias primas
y materiales, las tecnologías y técnicas, el mantenimiento y
reparación de los equipos, el reciclaje y aprovechamiento de los
residuos, etc., todo con el fin de disminuir la generación de
contaminantes y fomentar el aprovechamiento mediante el reciclaje
de los recursos. La segunda exige a los departamentos
correspondientes del Consejo de Estado y de los gobiernos locales
de los municipios con nivel de división administrativa de distrito
urbano para arriba efectuar la evaluación de los efectos sobre el
medio ambiente, redactar informes o explicar por escrito los planes
relacionados con el aprovechamiento de terrenos, los planes sobre
la construcción, explotación y aprovechamiento de las regiones, de
las cuencas de los ríos y esferas marítimas. La Administración
General Estatal de Protección Medioambiental adoptó y puso en
práctica desde octubre de 2002 la medida concreta, de enviar
personal especializado a 13 obras de importancia nacional, entre
ellas el ferrocarril Qinghai-Tíbet, que enlaza la provincia de
Qinghai con la región autónoma del Tíbet, y el proyecto del
gaseoducto oeste-este, a supervisar las condiciones del medio
ambiente en el curso de las obras.
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